¿Es una “llamarada de tusa” anuncio sobre nuevas líneas de corrupción en Seguro Social?

Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Instituto Hondureño de Seguridad Social.

A finales de enero se anunció que estaban listas para ser presentadas nuevas líneas de investigación sobre los actos de corrupción en el Seguro Social.

La pregunta es si nada más fue una “llamarada de tusa” el anuncio acerca de otros hechos de podredumbre que involucran las gestiones de los ex presidentes Ricardo Maduro, Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa en las áreas de adquisición y distribución de medicinas.

En uno de los más recientes operativos, la Fiscalía hizo efectivo el decomiso y el secuestro de una gran cantidad de documentos concernientes a una línea de investigación muy avanzada y que involucra a autoridades del Seguro Social de tres administraciones pasadas.

Informes proporcionados por la entidad que ejerce la acción penal hacen hincapié que por el latrocinio en perjuicio de la institución han sido procesadas 50 personas.

Entre estos imputados de haber sustraído de manera infame los recursos del Seguro Social, figuran altos ex funcionarios gubernamentales, miembros de la cúpula empresarial, dirigencia obrera, extranjeros y testaferros.

Hay muchas deudas pendientes. Una de ellas conduce a que sean sacados de la oscuridad una decena de protagonistas del desfalco que todavía están fuera del alcance de la justicia.

El foco sigue puesto sobre José Alberto Zelaya Guevara, ex gerente de Compras y Suministros del Seguro Social, considerado como el cerebro del plan que dio sustento a la red de empresas de fachada.

En su momento, fuentes de la Fiscalía y misioneros de la OEA revelaron que este sujeto había sido ubicado; sin embargo, por razones inconfesables, no fue detenido por las fuerzas de seguridad y de investigación competentes.

En la lista de individuos que provocaron la bancarrota del Seguro Social y que están prófugos, también aparece Mario Roberto Zelaya Palencia, padre del ex director, Mario Zelaya; y Marco Antonio Jaén Velásquez, acusados por lavado de activos.

En condición de impunes, porque hasta ahora la ley no les ha alcanzado, se encuentran, asimismo, Mariano Argueta Reyes y Alex Sarmiento Zelaya.

Existe orden de captura por haber robado más de 80 millones de lempiras contra Edita López Matamoros, esposa del ex gerente administrativo y financiero del Seguro Social, José Ramón Bertetty.

Y por haber servido de testaferro es perseguida -asimismo- Damaris Aguirre Flores, mientras que el delito de blanqueo de fondos recae sobre las prófugas Vanessa Maribel Cardona y Gabriela María Laínez Reina.

En medio de todas las acusaciones y contraacusaciones en este capítulo, la pregunta es si por fin en Honduras será posible enterrar la impunidad y dejar caer el peso de las leyes sobre los corruptos que se robaron los fondos del Seguro Social.

El obsceno desfalco consumado hace unos años, ha tenido secuelas que no han podido ser revertidas. Condenable es que estos efectos caigan con toda su fuerza sobre los afiliados, los únicos sacrificados por la obra perversa de los deshonestos que se instalaron en el Seguro Social para saquearlo a manos llenas.

Hay que dar un giro sustancial con miras a reivindicar los derechos de los pacientes y a garantizar que obtengan su merecido trato quienes provocaron el desastre financiero, administrativo, operativo y asistencial del Seguro Social.