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El Juzgado Penal especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este lunes medidas sustitutivas a nueve personas acusadas por malversación de apropiación agravado continuado, en perjuicio del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).



La audiencia inicial se celebrará el 14 de noviembre a las 9:00 de la mañana.



<blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/hashtag/JuzgadoPenal?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JuzgadoPenal</a> en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Medidas Sustitutivas a 9 imputados, acusado por Malversación de Apropiación Agravado Continuado, en perjuicio de INPREMA. Audiencia inicial 14 de noviembre a las 9:00 de la mañana. <a href="https://t.co/fVJYa9rKFI">pic.twitter.com/fVJYa9rKFI</a>— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) <a href="https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1853492851474059612?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2024</a></blockquote>



Los acusados son: Pedro Arnaldo Pinto, Luis Gustavo Lara Godoy, Nelvis Concepción Funes Sánchez, Carla Lorena Gallegos Rivera, Fausto Alexis Nieto Rovelo, Hulda Argentina Meza Lagos, Santos Elio Sosa Miranda, Gricelda Margoth Banegas Laínez, Javier Francisco Pon Núñez y Walter Arismendi Castro Rodríguez.



Tras la decisión del juez, en entrevista al noticiero Hoy Mismo de TSí, Darwin García, abogado de una de las imputadas, comentó que "el juez ha optado por imponer medidas diferentes a la prisión preventiva, como la obligación de presentarse periódicamente para firmar en el registro de este órgano jurisdiccional y la prohibición de salir del país. Considero que estas medidas son proporcionales y coherentes con el proceso, ya que mi representada ha colaborado desde el ámbito administrativo, rindiendo declaraciones para esclarecer los hechos."



<h2>Cargos</h2>



Los imputados enfrentan cargos por malversación de apropiación agravado continuado, relacionados con eventos ocurridos entre 2008 y 2009, cuando se otorgó un préstamo que posteriormente fue refinanciado.



García argumentó que la conducta de su representada, quien actuó como auditora, fue únicamente observacional y que no existe un nexo causal relevante para el derecho penal. 



"En el momento procesal adecuado, demostraremos que las imputaciones del Ministerio Público carecen de fundamento respecto a mi representada", concluyó el abogado.



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