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Tal y como se había anunciado, la reapertura no significa en manera alguna la reactivación de la economía.



Las empresas que han sobrevivido a cinco meses de encierro muestran enormes dificultades para permanecer con vida en el mercado de los bienes y servicios.



Los miembros de las grandes, medianas y pequeñas empresas operan por debajo de sus posibilidades de generación de utilidades, de recuperación de su oferta y demanda, como efecto de un derrumbe del Producto Interno Bruto que ha traído consigo la muerte del 40 por ciento de los emprendimientos y la pérdida de más de un millón de empleos.



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Los sectores que arriesgan el capital para mantener en acción la economía hondureña, han demandado una revisión del esquema tributario del país para adecuarlo a los tiempos de flaquezas financieras.



Específicamente, los empresarios e industriales le apuestan a la eliminación de los pagos a cuenta, que es un aporte que se realiza al fisco sobre las rentas proyectadas.



Adicionalmente, han propuesto que se apruebe una amnistía tributaria que favorezca a los contribuyentes en los actuales momentos de crisis que es comparada con una tormenta que está arrasando con todo.



Directivos de las cámaras de comercio e industrias del país sostienen que el concepto de protección de quienes tributan es el que debe imponerse dentro de una cruzada para recuperar el aparato económico y productivo.



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Lo importante ahora es darle oportunidad a las empresas de sobrevivir, en lugar de acelerar su fallecimiento por asfixia tributaria. Y en ese pantano corren el riesgo de hundirse los empleos y el 70 por ciento de los hondureños que están siendo enviados a la pobreza.



El pago de impuestos se ha reducido dramáticamente en más de 15,000 millones de lempiras hasta el primer semestre de 2020 y se proyecta que para finales del presente período la caída rondará los 20,000 o 30,000 millones de lempiras.



Ante el deterioro de los ingresos por la vía de las obligaciones tributarias, los entendidos califican como “de urgente necesidad” la reformulación del Presupuesto de la República, con vistas a revisar los gastos corrientes, estudiar la capacidad de endeudamiento y evaluar el nuevo escenario condicionado por el retroceso del Producto Interno Bruto (PIB).



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