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A dos meses de las elecciones generales para las cuales están convocados 5.3 millones de hondureños, el proceso está bajo las amenazas de un sector que no quiere que se realicen los comicios y que busca obstruirlos.



Esa afirmación la han hecho organizaciones que promueven la democracia, algunos segmentos en la oposición política y líderes de plataformas cívicas que exigen una consulta de genuina representación.



Se basan en una serie de situaciones que están ligadas con el nuevo documento de identificación nacional, la implantación del sistema de toma de la huella y la adjudicación del proyecto de transmisión preliminar de datos.



No se han alejado los peligros que ponen en tambaleo la democracia hondureña. Esto ocurre, porque no está dicha la última palabra sobre el documento de identificación que será aceptado como válido en las justas de noviembre.



Todavía se escuchan las voces de algunos personajes que abogan por la aceptación de ambas tarjetas, mientras las autoridades del Consejo Nacional Electoral y líderes de diverso signo político han sido claros al decir que los ciudadanos deben acreditar sólo la nueva cédula.



Otros dos factores se han conjuntado para generar más caos. El primero es la denominada Transmisión Preliminar de Datos (TREP), que ha sido entregada a una empresa sudamericana, pero que es cuestionada por el partido en el poder, con el argumento que carece de experiencia y de soporte técnico para esa tarea focalizada.



El proyecto TREP fue el centro de la polémica en los comicios internos y primarios. Como se sabe, No fue puesto en marcha porque el tiempo para su implantación de agotó. Con ello se dio un duro revés a las intenciones de revestir de transparencia la consulta, tal y como parece que es la pretensión con miras a la justa de noviembre.



El segundo asunto que tiene enredados a los políticos y que es aprovechado para causar incertidumbre electoral, es el sistema biométrico que permitirá identificar a los votantes y eliminar, en la medida de lo posible, las amenazas de "falsificación" de los resultados.



Quienes se ocupan de analizar el panorama de la democracia electoral de Honduras son del criterio que si los políticos continúan haciendo todo a "matacaballo" van a golpear el proceso y a quebrar la confianza en las justas de noviembre.



Tales segmentos de opinión pública concluyen que No es sano para la institucionalidad de Honduras que persistan las sospechas de que está en gestación un fraude electoral y que las reglas del juego están sujetas a "cambios maliciosos".



Cobra más vigencia la necesidad de llevar a cabo una cruzada por la calidad de la democracia. La discusión de fondo sigue girando alrededor de una interrogante: ¿Existe una intención "malévola" contra el sistema político basado en la decisión de las mayorías?



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