El Salvador: Mario Solano: “Sería un error si una Ley de Amnistía deja en el olvido todos los delitos”

Elsalvador.com. El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Mario Solano, asegura que la Asamblea Legislativa puede promulgar una nueva Ley de Amnistía, pero debe de hacerlo con base en la Constitución y sin incluir hechos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Solano fue uno de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que en el año 2000 declaró constitucional la Ley de Amnistía promulgada en 1993, pero que dejó por fuera de una posible amnistía los delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.

“Si de una vez la Ley de Amnistía que se pueda dar (actualmente hay una discusión al respecto en la Asamblea Legislativa) dice que queda sin efecto o quedan en el olvido o en la amnistía toda clase de delitos que se hubieren cometido, allí sí creo yo que se puede cometer un error”, advirtió el exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Solano asegura que esa sentencia del 2000 sigue vigente pues el fallo emitido en el 2016 por la anterior Sala de lo Constitucional que sí declaró inconstitucional la Ley de Amnistía no declaró ilegal dicha sentencia, por lo tanto está vigente.

En su fallo de 2016 la Sala tomó en cuenta para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía la Ley de Reconciliación Nacional que se promulgó en enero de 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz.

La misma “contempló que no gozarían de la amnistía las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos del 1o de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”, argumentó la Sala en su fallo de 2016.

Solano explicó que en la sentencia de 2000 tomaron en cuenta el artículo 131 numeral 26 de la Constitución que avala “conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con estos, o por delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte…”. Igualmente interpretaron el artículo 244 de la Carta Magna que habla de los delitos que no son amnistiables y dejaron a los jueces la potestad de calificar cuándo un delito es de tipo político o común conexo con política y cuándo es una grave violación a los derechos humanos para proceder a abrir un proceso penal o no, explicó Solano.

“Si se quiere seguir con el juzgamiento de aquellas personas por los delitos de los que habla la Constitución, la sentencia del año 2000 declara que todo puede hacerse en sede judicial”, recordó el exmagistrado.

Pide tener cuidado con nueva ley
Por ello el exfuncionario judicial considera necesario que los legisladores que está abordando la nueva Ley de Amnistía, tomen en cuenta todos estos parámetros, además de los delitos que el Estatuto de Roma o Corte Penal de Justicia considera como delitos de lesa humanidad.

“Si la nueva Ley de Amnistía violenta lo que dice la propia Constitución y lo que se dijo en la sentencia del año 2000, entonces esa ley corre el peligro de que un ciudadano vaya a pedir la inconstitucionalidad de esa ley y ahí se muere otra vez”, vaticinó.

De hecho, Solano recordó a los diputados que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya les advirtió que no promulguen una “Ley de Amnistía absoluta” que incluya crímenes de guerra y contra la humanidad porque “son contrarias a la ley internacional”.

Según dijo, la comisionada Bachelet les está diciendo que “volver hacer una Ley de Amnistía es retroceder y crear de nuevo un ambiente de confrontación en los distintos sectores de la sociedad”, lo cual a su juicio, sería grave para el país.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, aseguró el jueves que lo que están trabajando es en una Ley de Reconciliación Nacional y aclaró en las redes sociales que la Amnistía no incluiría casos de lesa humanidad, ni graves crímenes de guerra y que busca la reparación integral a las víctimas por parte del Estado, entre otras consideraciones.