Para finales de este año se ha proyectado un déficit fiscal de un poco más de 20,000 millones de lempiras, y, en 2020, la diferencia entre entradas y salidas de dinero llegaría a 22,000 millones, una variación entre dos y 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto.
Es incuestionable que el marcado desbalance entre ingresos y gastos ha sido y se mantiene como uno de los principales lastres de las finanzas del país.
En este sentido, el gasto corriente es uno de los renglones más sensibles en el manejo del Presupuesto de la República -sobre todo- en las circunstancias actuales, subrayadas por muchas amenazas como la desaceleración y recesión económica.
Y es que el incremento en los gastos es uno de los renglones que no encajan y que, más bien, resulta tóxico para los propósitos de responder al lento crecimiento de la economía.
Los funcionarios encargados de manejar la hacienda están obligados a contener el flujo de salidas de dinero para compensar la caída en el pago de impuestos que algunos calculan en 4,000 millones de lempiras.
No es sólo este vacío. Se agregan las dispensas aduaneras y la cancelación del Impuesto del 15 por ciento sobre Ventas aplicado a los altos consumidores residenciales de energía eléctrica, el cierre de empresas y el derrumbe de 39 por ciento en la inversión extranjera.
Las autoridades de Finanzas han recurrido a la misma propuesta: Básicamente la reducción de gastos y el control de la masa salarial que se refiere al pago de sueldos y salarios.
Es el discurso invariable que han pronunciado los burócratas responsables, pero sin ningún resultado eficiente. Los gastos son casi estratosféricos y los fondos nunca resultan suficientes para atender las necesidades de primer orden de la mayoría de la población desprotegida.
Los gastos en nuestro país son improductivos e impactan en el encarecimiento de las exportaciones, el derrumbe del poder adquisitivo de la población y una inflación que castiga a los pobres.
Tal y como lo han recalcado los versados en el tema: “La eficiencia del gasto público alude a los efectos que éste tiene sobre las condiciones económicas y sociales de los países, y sobre la vida cotidiana de la gente, con relación a los recursos utilizados”.
El país necesita ceñirse a una estrategia en busca del bienestar social de la población y del progreso de Honduras, porque -históricamente- las acciones de Gobierno han profundizado el círculo vicioso de la pobreza.
La austeridad en el manejo de los recursos públicos es el desafío que todavía está pendiente de ser enfrentado con miras a que la política fiscal está orientada a un equilibrio entre la salud de las finanzas, el crecimiento económico y la equidad social.
