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El narcovideo revelado en la audiencia de presentación de pruebas contra el exdiputado Midence Oquelí Martínez ha provocado reacciones del más diverso tono y acento, en razón de que es la historia repetida de la confabulación entre los políticos y los grandes exponentes de las redes de la corrupción y del crimen organizado.



Hace apenas unos meses, los hondureños quedamos estupefactos cuando salió a la luz la grabación en la que es observado el exsecretario de la Cámara Legislativa, <a href="https://www.radiohrn.hn/carlos-zelaya-renuncia-aceptacion-congreso-nacional-diputado-narcovideo-2024-09-17">Carlos Zelaya </a>Rosales, en plena negociación con miembros de carteles de la droga.



Como sabemos, el diputado de Libre se vio forzado a renunciar a su cargo tras confesar su participación en el diálogo sostenido con personajes de peso en las organizaciones delictivas, con quienes trataba de convenir los porcentajes de dinero “sucio” que serían distribuidos para las actividades proselitistas y para el comandante, el exmandatario Manuel Zelaya Rosales.



Una condena generalizada se impone a propósito de la denuncia del tratado de extradición, dado que se ha interpretado como una jugada del gobierno de Libre para proteger a figuras del llamado “familión” mencionadas en los más aborrecibles capítulos de corrupción y de la criminalidad.



Y el juicio al que fue sometido el exmandatario nacionalista, Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión, reflejó la imagen de Honduras como un “narcoEstado”.



Once testigos presentados por la Fiscalía revelaron la identidad de 28 políticos y sus socios metidos en la trama de la deshonestidad, el fraude, la compra de conciencias y la economía del crimen.



Las confesiones de testigos clave en los juicios a hondureños acusados en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico no sólo ponen en entredicho el sistema de justicia de Honduras; también muestran la infiltración del dinero “manchado con sangre” en las actividades políticas.



Ahora que nos abocamos a un nuevo proceso electoral es urgente que se produzca un adecentamiento de la clase política, ante la embestida de los grupos violentos transnacionales.



Una cruzada moralizadora es la que debe ser promovida en todos los niveles y en sus diversas expresiones en los partidos políticos, en los organismos electorales, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No podemos seguir proyectando la imagen de un país convertido en un “narco-Estado”.



Necesitamos emprender una intensa persecución del delito y ejercer una inflexible acción penal, porque el crimen organizado se ha implantado en nuestras instituciones y convertido la actividad político-proselitista en uno de sus principales rubros de inversión, lo que ha derivado en el ejercicio contaminado del poder y en una democracia socavada.

Editorial HRN: Podredumbre política, corrupción y narcotráfico

Editorial HRN: Podredumbre política, corrupción y narcotráfico

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