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Hasta ahora, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, estuvo empecinado en la absurda propuesta de someter ese cuerpo legal a una consulta popular, en tanto que las bancadas en la oposición rechazan que se convierta en ley.



Han advertido que su aplicación no traería un balance positivo en el manejo del sistema fiscal ni y de la estructura impositiva, sino un impacto devastador sobre los costos de operación de las empresas y la capacidad de compra de la población, de por sí bastante golpeada por la pobreza, la inflación y la economía informal.



¡Vaya que este tema ha sido discutido con profundos ribetes políticos! La presidente Xiomara Castro y sus subordinados se han dado a la obtusa tarea de decir que son las diez familias más ricas del país las que se oponen a la justicia tributaria porque, según su entender, en el reciente pasado entraron en contubernio para gozar de exoneraciones y de exenciones y amasar ganancias sin pagar impuestos.



El debate se ha dado al calor de intereses creados, pese a que no es un asunto político, sino una materia que tiene que ser abordada desde sus implicaciones fiscales y económicas.



Nos preguntamos qué pasó con el proceso de socialización de la iniciativa que fue remitida por el&nbsp;Poder Ejecutivo, con el supuesto propósito de acabar con los abusos en el otorgamiento de beneficios fiscales.



¿Fue pura fachada? ¿Nunca existió interés genuino de tomar nota de las conclusiones y de las recomendaciones presentadas por la empresa privada y por personajes con conocimiento calificado al respecto?



Fue, entonces, una pantalla montada para dar la impresión de que se había abierto un espacio a todos los sectores para exponer sus criterios y aportar luces al debate sobre la&nbsp;estructura fiscal y tributaria de Honduras.



No ha habido un diálogo amplio en torno a los esquemas que Honduras necesita adoptar para reactivar su economía, crear empleo, atraer inversión y producir riqueza.



Lo que se ha generado es una contienda entre quienes plantean la refundación, satanizan a la empresa privada y culpan de todo a la “narcodictadura” y aquéllos que reclaman un estudio despojado de las enfermizas pasiones ideológicas.



Así como está concebida, la&nbsp;<a href="https://www.radiohrn.hn/diputada-nacionalista-no-vamos-a-aprobar-ley-de-justicia-tributaria-2024-10-23">Ley de Equidad Tributaria</a>&nbsp;elimina los beneficios fiscales que son necesarios para propiciar un clima que aliente la llegada de capital y que multiplique los puestos de trabajo.



Los gobernantes de este país no deben ni pueden imponer cambios en el sistema tributario sin un consenso amplio que incluya a los actores, entre éstos a los empresarios que son los que generan riqueza y crean empleos, además de contribuir a sostener el fisco.