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No podemos esperar nada más que no sea seguir contando muertos a causa del nuevo virus.



Esto es así, porque no contamos con una estrategia focalizada de vacunación masiva que nos permita responder contundentemente al acecho de la pandemia.



Hemos llegado a una línea crítica de la emergencia epidemiológica sin una dirección clara de qué hacer para no seguir a la zaga en el suministro de los biológicos anticovid, una primera necesidad para detener la alta mortalidad por el nuevo virus.



Porque No únicamente están muriendo los adultos de mediana edad o los ancianos, sino que perecen nuestros jóvenes, adolescentes y niños.



No podía ocurrir un infortunio menor. El tema de la inoculación ha sido tratado dentro de una maraña de justificaciones y una enorme dosis de contradicciones.



Son varias las razones que nos conducen a preguntarnos: ¿Y si hubiesen motivaciones políticas en todo este proceso accidentado de obtención y aplicación de vacunas?



¿Cabe la posibilidad de que estén de por medio intereses extraños de tipo sectario de parte de tal o cual sector para colocar traspiés a la presente etapa de inoculación contra el covid, una tarea que debería de ir a paso más firme y sostenido?



No está fuera de contexto que nos planteemos si el triste expediente de la inmunización en Honduras no se ha concebido por tal o cual sector como una moneda de cambio con fines políticos.



No hay que desestimar del todo que, de cara a las elecciones generales, se ponga en vigor un vergonzoso trueque de&nbsp; "vacunas por votos" y que el acceso de la población a la salud sea condicionado a una capitalización de sufragios en la búsqueda desenfrenada de poder.



Si así fuera, estaríamos ante un crimen de lesa humanidad y frente a un acto indigno, dado que se trata de salvaguardar la vida de los hondureños, un principio que no debe ser negociable ni ser expuesto a pretensiones de naturaleza política.



Necesitamos replantear una estrategia de contratación, distribución y aplicación de las vacunas contra el covid 19, basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, sin que medien elementos contaminantes de orden político y de sus conexos.



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