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Lo que está en juego con la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia es mucho. La escogencia de los jueces del máximo tribunal de justicia de Honduras compromete muchas cosas: la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico del Estado.



 Además, de que el sistema judicial constituye el motor de la maquinaria punitiva del país contra todas las formas que atentan contra el mismísimo estado de derecho. Es mucho entonces lo que aquí está en juego. Y la forma, es decir, el procedimiento para la selección de los candidatos, sustentada en la meritocracia y la idoneidad y probidad de los profesionales del derecho, es y será determinante.



Escoger los magistrados del máximo tribunal sustentada en meritocracia y propuestas técnicamente elaboradas para la comprobación pública de la idoneidad y probidad no debe ser una tarea ni una aspiración de ingenuos.



Y no debemos pecar de ingenuos cuando decimos aspirar, a por ejemplo, la independencia de poderes, o deslindar la justicia de la política, o la misma independencia de los magistrados y jueces. Y no hemos estado clamando por un sistema que garantice las condiciones y procedimientos constitucionales y legales para seleccionar y nombrar pues?.



Claro que sabemos y tontos seríamos si no nos hubiésemos dado cuenta de la fuerte politización, y sobre todo, con sesgo partidista, de la justicia hondureña. Y eso es lo que nos tiene como estamos, y eso es lo que ha provocado que nadie o muy pocos crean en la justicia que tenemos.



Los jueces, lejos de ser los guardianes de la Constitución que el estado constitucional manda ser, terminaron siendo prácticamente alfiles del ajedrez político partidista en el que se convirtió en Honduras la selección y escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿O sino como es que los marcamos a cada uno y todos ellos?. “este magistrado es del Partido Nacional”. “aquel magistrado lo puso el Partido Liberal”. Perdimos el principio fundamental para mantener una democracia efectiva y el debido respeto por el estado de derecho, con jueces que en lugar de ser independientes y ejercer sus funciones sin ataduras, llegaron al máximo tribunal de justicia, propuestos, promovidos e impuestos por los partidos políticos.



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Que tragedia verdad?. Sobre todo cuando la sociedad hondureña ha tenido que pagar un altísimo precio por esa interferencia de un poder del estado sobre el otro, como ha pasado con la injerencia del ejecutivo sobre los demás, y bajo la forma de acciones directas que invadieron en este caso, el ámbito judicial. 



Todo eso fue lo que erosionó la independencia de la judicatura y agravó la desconfianza de los ciudadanos en el sistema. La administración de justicia entonces se parcializó y se volvió discriminatoria. La independencia del poder judicial quedó en una franca precariedad y su imparcialidad e integridad, por los suelos.



Vean sino la trascendencia que reviste el proceso de selección y escogencia de los candidatos. Es que de ahí deriva todo lo demás que aspiramos tener!. Un sistema judicial y jueces independiente e imparciales, capaces de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de las leyes fundamentales y constitucionales.



Un sistema judicial independiente e imparcial garantizará democracia, gobernabilidad, paz social y orden político. Eso es lo que ahora está en juego con la selección y escogencia de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia!



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