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Una condena generalizada han expresado sectores ligados con la política, la actividad económica y los círculos de acción social a propósito de la decisión radical, ideologizada y premeditada del Gobierno de denunciar el tratado de extradición de nacionales a Estados Unidos.



Para algunos segmentos de opinión pública ha sido una manifestación de intolerancia del régimen del socialismo democrático ante cuestionamiento de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, respecto a la reunión de altos funcionarios hondureños con personajes de jerarquía del chavismo, identificados por sus vínculos con el narcotráfico.



Otros sectores han expuesto sus juicios de valor en torno a que la gestión Castro solamente buscaba un pretexto para dar por terminado el auto acordado que hasta ahora permitió la entrega de nacionales a la justicia norteamericana.



¿Qué relación existe entre los cuestionamientos de la señora Dogu con la extradición de corruptos y narcotraficantes hondureños? ¿Quizás encubrir a parientes y altos funcionarios del actual gobierno, de quienes se asegura están metidos en actos ilícitos?



El mensaje que Honduras envía a la comunidad doméstica y al concierto de países es nefasto, porque se presenta como un terreno fértil para que operen con impunidad las redes transnacionales del delito.



Honduras les abre las puertas a los carteles y se consolida como un refugio de corruptos y de narcotraficantes que, de ahora en adelante, ya no correrán el riesgo de ser juzgados por sus graves delitos.



Era, entonces, pura demagogia de los ideólogos, pregoneros, adláteres y peones de la refundación cuando denunciaban a la narcodictadura del mandatario Juan Orlando Hernández, y aseguraban que el tratado de extradición nunca iba a ser eliminado.



Al aliento de una falsa defensa de la soberanía y de una fingida reivindicación del principio de autodeterminación de los pueblos, el Gobierno le ha puesto fin al tratado de extradición de corruptos y de miembros del crimen organizado a Estados Unidos.



Gracias a este acuerdo, 56 hondureños han sido entregados a la justicia norteamericana. Estos sujetos jamás hubiesen sido expuestos por una sencilla razón: nuestro sistema de persecución del delito e impartición de justicia está atrofiado y cooptado por las estructuras delictivas.



La denuncia del tratado de extradición representa un gran retroceso, porque nos convierte en un terreno complaciente para los carteles de corruptos y de criminales organizados y en un país cuyo<a href="https://www.radiohrn.hn/tratado-extradicion-denuncia-mensaje-negativo-forma-aislamiento-honduras-ana-maria-calderon-maccih-2024-08-29"> Estado de derecho</a> está en riesgo de ser usurpado por el populismo, las ideologías y la tiranía, si es que ya no está enclavado en ese terreno.



La democracia está camino a ser destruida y nuestro país es arrastrado hacia la aventura del socialismo. Ello está claro, cuando se ha dado el peligroso paso político y jurídico de dejar sin aplicación el tratado de extradición suscrito con Estados Unidos.