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Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron este lunes la detención de 28 sospechosos por un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial, que involucra a funcionarios y empresas de infraestructura.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este lunes 57 allanamientos en los que hasta ahora han sido detenidos 28 sospechosos en lugares como la empresa constructora MECO, el estatal Consejo Nacional de Vialidad, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en casas de habitación.



Entre los detenidos figuran personas de apellidos Cerdas Araya, González Carballo, Arce Alpizar y Bonilla Guillén, de la empresa constructora MECO, así como una mujer de apellido Solís Vargas, relacionada a la empresa constructora H. Solís.



También fueron detenidos en la sede del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dos personas de apellidos Rojas Monge y Madrigal Rímola.



Los operativos están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que atribuyen a los sospechosos haber creado un «un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi», indica un comunicado del Ministerio Público.



Según el OIJ, el daño al Estado podría rondar los 120 millones de dólares entre 2018 y 2020.



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La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, que habrían cometido funcionarios públicos del Conavi, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda, así como por personas particulares de empresas constructoras.



Uno de los lugares allanados fue una oficina situada en la Casa Presidencial, pero la Fiscalía aclaró que «no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes», sino por asesores.



En el proceso figura como investigado, pero no fue detenido, el asesor de presidencial Camilo Saldarriaga, quien además fue gerente de la campaña política que llevó al poder al actual presidente Carlos Alvarado.



«La prueba que se procura obtener en los sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita» y «las personas imputadas se encuentran a la orden de la Fiscalía en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria», explicó el Ministerio Público.



Tras estas indagatorias, las autoridades decidirá si se solicitan medidas cautelares.



El director del OIJ, Walter Espinoza, explicó a los periodistas que la investigación comenzó hace 2 años y que las diligencias de hoy tienen como fin obtener pruebas y detener al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de 5 empresas privadas que habrían conformado la red de corrupción.



«Un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación, se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras, lo que afecta al país», declaró Espinoza.



Según el director del OIJ, los funcionarios públicos «recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo, y que respondían a una articulación planificada desde un punto de vista delictivo que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales»



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