El asesinato de privados de libertad, peor aún si estos hechos ocurren en el interior de las cárceles de máxima seguridad, no puede seguir siendo tolerado.
Tales eventos colocan a Honduras en el centro de los cuestionamientos más severos, afirmó este día la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, en torno a los más recientes hechos ocurridos en Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.
La experta en temas de seguridad dijo -a través de Diario Matutino- que el asesinato de Magdaleno Meza, en particular, tiene una connotación especial dado que a este sujeto se le investigaba por su implicación en el narcotráfico y su presunta condición de socio de Antonio Hernández, hermano del mandatario, Juan Orlando Hernández.
¿Cómo es posible que no se le haya garantizado la tutela de su vida a este hombre, de quien se había afirmado tenía en su poder libretas y otros documentos que presuntamente describían las actividades de Hernández en el trasiego de drogas?, se preguntó Ayestas.
Otra interrogante: ¿Enviaron a este sujeto a la jauría de lobos para que lo destrozaran y no pudiese revelar nunca más información importante acerca de la movilización del crimen organizado en el país?
Como se sabe, la defensa de Meza había solicitado a las autoridades el traslado de su representado por considerar que su integridad corría riesgo; sin embargo, las autoridades no adoptaron determinación alguna en torno a dicha petición.
A juicio de la titular del Observatorio de la Violencia, la intervención de los recintos de máxima seguridad, ubicados en Santa Bárbara y en El Paraíso, es un "show" para "aplacar el vendaval que se ha venido".
