La renovación del mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), ha generado una confrontación enconada entre los corruptos y los que se consideran "potables".
Son irreconciliables los criterios alrededor de la continuidad del mandato de la MACCIH en Honduras. Miembros de la oposición en el Congreso Nacional han declarado que ese Poder del Estado no tiene potestad para investigar al organismo externo.
Sin embargo, los legisladores nacionalistas dicen que la evaluación de los resultados de la MACCIH no se detiene y que es necesario colocar en una balanza los logros y los compromisos no cumplidos.
Líderes nacionalistas se mantienen renuentes a que sea prolongada la existencia de la MACCIH en el país. Directivos de la Cámara Legislativa, pertenecientes al partido en el poder, han defendido a "capa y espada" la acción tendiente a examinar los resultados de dicha dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ex fiscal general, Edmundo Orellana, ha calificado de "extraordinario" el papel desempeñado por la Misión en la lucha contra la corrupción y consideró que seguramente será renovado el acuerdo que dio vida a dicho organismo, aunque con algunas limitantes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de que antes de renovar el convenio con la MACCIH, este organismo debe brindar un informe de sus logros en el país.
Entidades de la sociedad civil y altos funcionarios del gobierno de Los Estados Unidos propugnan porque se extiendan las atribuciones de la dependencia de la OEA, en aras de hacer que caigan los corruptos.
En más de dos años de presencia, en apoyo a la lucha contra la podredumbre, el organismo internacional y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), han documentado varios casos de impacto.
En noviembre de 2017, salió a la luz "La Red de Diputados" que -en ese momento- comprometió a muchos legisladores por malversación de caudales públicos.
La causa permanece archivada, porque la juez asignada decidió remitir las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas y dejar muertas las acciones penales.
En febrero de 2018, la MACCIH-UFECIC emprendieron acusación contra una decena de personajes que cobraron 70 cheques, un capítulo que fue conocido como "Caja Chica de la Dama", porque tiene como su principal protagonista a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, declarada culpable de apropiación indebida y fraude.
Posteriormente, en mayo de 2018, fue librado un requerimiento fiscal contra diputados involucrados en un episodio llamado "Pacto de Impunidad" que favorecía a un grupo de diputados procesados por el manejo turbio de fondos públicos.
A mitad del año pasado estalló el "Caso Pandora", que involucró a 38 diputados y funcionarios edilicios en el desvío de más de 280 millones de lempiras del sector de agrícola y otras fuentes para financiar campañas políticas.
La MACCIH reveló también en noviembre de 2018 el folio denominado "Caja del Hermano" que mencionaba a Ramón Lobo, hermano del ex mandatario, Porfirio Lobo y a Wilfredo Cerrato Durón, ex secretario de Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial, por fraude y malversación de ocho millones de lempiras.
Finalmente, la MACCIH-UFECIC promovieron en diciembre anterior acciones contra ex directivos del Seguro Social, una investigación que dieron en bautizar "Licitación Fraudulenta del Seguro Social", y que incluyó a ex funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales.
Otros expedientes promovidos por el binomio MACCIH-UFECIC son "Fraude sobre el Río Gualcarque", "Patuca III", "Narco-política" y "Corrupción sobre Ruedas", destapados entre marzo y septiembre de 2019.
Todos estos expedientes desnudados en apoyo a la batalla contra la corrupción suman más de medio centenar de imputados; de los cuales, menos de una decena guardan prisión, un número similar están prófugos y cerca de una treintena gozan de medidas distintas de la cárcel. ¿Se destrabará esa cruzada en 2019?
