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El desafío capital del gobierno que se inaugura el 27 de enero de 2022 está en la declaración de una guerra sin cuartel a los corruptos que, según estudios de la sociedad civil y de organismos internacionales, ocasiona daños cuantificados en 75,000 millones de lempiras anuales.



Se interpreta, entonces, que cada mes se pierden más de 6,200 millones de lempiras y una cantidad arriba de los 200 millones cada 24 horas.



Los grupos corroídos por la ambición se unieron para conspirar contra la MACCIH hasta que forzaron su salida del país a inicios de 2020. Las autoridades electas se han comprometido a gestionar la llegada de un órgano especial de la ONU, encargado de acompañar la lucha contra la corrupción, calificado como la principal causa de los males de Honduras.



Entre 2020 y 2021, al menos una docena de actos han sido cometidos por los deshonestos que hasta ahora han gozado de impunidad, destacan los informes de la sociedad civil.



La lista negra la encabezan las compras realizadas para cubrir la emergencia sanitaria, porque han representado particularmente un terreno fértil para la sustracción y el desvío de fondos.



Como se recuerda, el primero de los casos irregulares que salieron a luz fue la adquisición de una carpa que fue habilitada en Villanueva, Cortés por parte de Copeco, cuyas autoridades habían sido señaladas antes por la compra de televisores y percoladoras para el personal de dicha entidad. Los responsables nunca fueron objeto de la deducción de responsabilidades.



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Más adelante fueron reveladas una serie de gestiones fraudulentas de Inversiones Estratégicas (INVEST), entre las que se enumeran 250 mil pruebas de detección de covid y la gestión de más de 500 ventiladores mecánicos para atender a los pacientes.



Pero el expediente más bochornoso en lo que se ha avanzado en la pandemia es la sustracción de 1,200 millones de lempiras para la contratación de siete hospitales móviles.



Únicamente se ha llevado a proceso judicial dos funcionarios de tercera y cuarta categoría. Los personajes de poder político y económico que tuvieron participación en ese enorme acto de corrupción gozan todavía de impunidad.



Los deshonestos tienen unidad de cuerpo y han hecho lo pertinente para que la fuerza de la ley no les alcance. Para muchos, una prueba irrefutable de tal condición es que el nuevo Código Penal, que disminuye las penas y favorece a los culpables, fue aprobado con todo y la oposición de la mayoría de los segmentos del país.



Al amparo de ese cuerpo normativo es que se concedió sobreseimiento definitivo a 22 implicados del caso Pandora que corresponde al desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería hacia organismos no gubernamentales y asociaciones fantasmas dirigidas por diputados y líderes políticos de los partidos Liberal y Nacional.



Y más recientemente, el Ministerio Público se notificó de un fallo emitido por el pleno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que revoca el auto de formal procesamiento por el que el próximo 6 de enero de 2022 irían a juicio 10 ex-directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), implicados en el megafraude contra dicha entidad. 



Se trata de un rosario de acciones deshonestas que han empobrecido más al país, vuelto más frágiles las instituciones y abierto poros en la estructura de persecución penal e impartición de justicia. La presión ciudadana será vital para que, en lo sucesivo, los gobernantes rindan cuentas y garanticen la transparencia.&nbsp;