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Los proyectos para la operación de terminales aéreas, administración de puertos, gestión de carreteras y generación de energía, además de la adquisición de estructuras, han sido las áreas en las que se han enfocado las negociaciones turbias entre el Estado y grupos de inversionistas ligados con sectores del poder político y económico.



La propia presidenta electa, Xiomara Castro, ha adelantado que estos contratos serán evaluados conforme a las leyes y en concordancia con los intereses del país.



Este compromiso ha sido reafirmado por miembros de la Comisión de Transición. Han dicho que los contratos onerosos y leoninos serán puestos en la balanza para pesar sus consecuencias y, eventualmente, modificarlos o anularlos si ello es posible.



Reportes del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) subrayan que ha habido un "desfalco sistemático" a través del otorgamiento de contratos que ponen en juego muchos miles de millones de lempiras.



Los informes de dicha organización de la sociedad civil también revelan que entre 500 y 700 contratos han sido suscritos en varios rubros en las últimas décadas.



Los dividendos para los negociadores han sido tan abultados que la vigencia de muchos acuerdos ha sido extendida hasta por tres décadas.



La concesión de contratos ha significado un "latrocinio" en perjuicio del país. Han sido negociaciones "escandalosas", mediante las cuales se ha puesto "en venta" al país, recriminaron empresarios entrevistados por HRN.



Líderes de los industriales y de instancias anticorrupción, han emplazado a las autoridades que tomen posesión en 2022 a plantear la solución más conveniente para Honduras en torno a la negociación de contratos.



Un reclamo generalizado de los hondureños es que se corrijan los errores cometidos al poner en venta al país y que han ocasionado más perjuicios a Honduras y muchos beneficios a los concesionarios que han "hecho negocios", aprovechándose del terreno fértil para la corrupción y la impunidad que prevalecen en el país.



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