El Congreso Nacional ha evadido darle respuesta pronta a las medidas que han sido acordadas por los empresarios, dirigentes obreros y el Gobierno para enfrentar el impacto económico de la pandemia.
Al término de la sesión convocada ayer, las autoridades de ese Poder del Estado determinaron que todo lo referente a temas tributarios que están contemplados en las iniciativas que conocen los legisladores, se han dejado en suspenso.
El argumento esgrimido para no darle curso inmediato a los paquetes de ayuda para manejar la presente contingencia es que deben ser sometidos a un mayor consenso.
A renglón seguido, los congresistas han pretextado que hay que garantizar que las propuestas que sean aprobadas deben tener un mayor impacto y mejores beneficios para todos los hondureños.
Los congresistas aprobaron estado de emergencia nacional, sanitaria, económica y social por causa del nuevo virus y se creó la llamada “Mesa Técnica de Crisis” integrada para los fines de elaborar un plan de rescate que haga posible adoptar las medidas para afrontar la calamidad actual.
El referido decreto manda al Banco Central a reducir de inmediato y por un tiempo el encaje legal en moneda nacional a uno por ciento y el encaje en moneda extranjera a 12 por ciento.
La Secretaría de Finanzas, de su lado, tendrá que reformular el Presupuesto de la República, en tanto la Comisión Nacional de Bancos y Seguros asumirá la tarea de instruir a las instituciones reguladas a reestructurar los créditos comerciales que impliquen la modificación de las condiciones de pago, tasa de intereses, plazos y cuotas.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, ha demandado al Congreso que cumpla con su compromiso de construir propuestas que ayuden a sacar a Honduras de estos momentos.
En su cuenta de twitter, Sikaffy ha significado que el sector privado es el indicado para formular las estrategias económicas que darán buenos resultados y beneficios para todo el país.
En sintonía con ese criterio, el titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, dijo estar de acuerdo con la necesidad de generar consensos alrededor de una salida a la presente situación de emergencia.
Pero los sectores empresarial e industrial coinciden en que la ruta para sacar del atolladero a Honduras debe ser trazada de inmediato y necesita ser delimitada “ya”, “ahora mismo” y sin dejar excluida a la gran empresa.
Porque una de las falencias de los paquetes presentados por el Gobierno para evitar el descalabro de la economía nacional es que no colocan en la balanza a los grande inversionistas, a los que han apostado por Honduras y que contribuyen a sostener el aparato productivo.
Y es que las medidas de auxilio económico deben ir más allá de las que han sido convenidas en cuanto al pago de impuestos, moratoria en la cancelación de las cuentas por servicios públicos, acceso a líneas de crédito, políticas monetarias, veeduría social y transparencia.
El Congreso tendría que actuar con pertinencia y oportunidad, antes de que la pandemia del Covid 19 termine por hundir la economía, debilitar la inversión y contaminar las oportunidades abiertas por la gran empresa en el país.
