El presidente Juan Orlando Hernández dice sentir "gran tristeza" porque una corte de Nueva York hallara culpable a su hermano 'Tony', pero se compromete a seguir colaborando con EEUU. Sus opositores dicen que lidera un "narco-gobierno".

Los hondureños, enojados por la corrupción arraigada y la violencia desenfrenada del país celebraron el veredicto de culpabilidad emitido el viernes por un jurado de Nueva York contra Juan Antonio 'Tony' Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

Pero quieren más. Aunque Hernández, de 41 años de edad, enfrenta posiblemente cadena perpetua, muchos hondureños exigen la renuncia del mandatario.

El presidente Hernández, de 50 años de edad, estuvo muy involucrado en el caso y fue nombrado en los documentos judiciales como co-conspirador no acusado que presuntamente recibió dinero procedente del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

Pero él negó rotundamente las acusaciones y no dio señales de querer renunciar antes de que acabe su actual segundo mandato en 2022.

El gobernante Partido Nacional controla el Congreso y, a pesar de algunos rumores de descontento en la policía y el ejército, parece no enfrentar una amenaza inmediata a su poder. Sin embargo, los líderes de la oposición están haciendo llamados a realizar grandes protestas callejeras y el presidente ha sufrido críticas mordaces por su turbio liderazgo moral en los medios locales y por parte de algunos en el sector privado.

"Todo depende de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas (hondureñas) y de la élite económica", dijo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), un influyente grupo de la sociedad civil en Honduras.

"Yo siento que tiene el apoyo de los dos primeros y la tercera siempre cuidará de sus propios intereses financieros y ha calculado que corren un mayor riesgo si lo expulsan", agregó.

Si Hernández renunciara, el poder pasaría a tres "designados" vicepresidenciales, el presidente del congreso nacional o el presidente de la corte suprema, que son todos partidarios leales del presidente.

Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron la semana pasada que varios coroneles habían sido removidos de sus puestos sin explicación, un posible indicio de divisiones en sus filas sobre la legitimidad de Hernández.

Pero, Hernández apareció sonriendo en un desfile militar el sábado, acompañado por el embajador interino de Estados Unidos, Colleen Hoey, como si todo estuviera normal.

Aunque Hernández goza prácticamente de inmunidad penal por su condición de jefe de estado, el veredicto confirmó lo que muchas personas en la pequeña nación centroamericana han sospechado durante mucho tiempo sobre los niveles de corrupción en su sistema político.

Protestas

Las fuerzas políticas de oposición de Honduras pactaron en una reunión el sábado crear una 'Coalición de unidad de oposición fuera dictadura', para sacar del poder al gobierno de Hernández por sus vínculos con el narcotráfico.

"Este narco gobierno debe ser sacado del poder y sometido a las autoridades. Debemos reestablecer nuestro estado de derecho", dijo el líder opositor, Salvador Nasralla.

Como precaución ante las amenazas de protestas multitudinarias - que no se realizaron en gran escala - el gobierno movilizó unidades de policías antimotines en algunas de las vías de las principales ciudades el viernes.

"El pueblo cree que quien es la cabeza de toda esta trama de narcotráfico y asesinatos es Juan Orlando Hernández", dijo Divina Alvarenga, una manifestante en Tegucigalpa.

"Narco-gobierno"

Edmundo Orellana, ex fiscal general de Honduras, observó que el jurado en Nuevo York llego a la conclusión muy incómoda para el presidente Hernández de que "Honduras tiene un narco-gobierno".

"En este momento [el presidente Hernández] está seriamente amenazado. Va a tratar de aferrarse al poder porque sabe que una vez fuera del poder él es presa de la justicia federal de Estados Unidos", añadió.

La condena de Tony Hernández es apenas parte de un problema de mayor dimensión, dice Raúl Pineda Alvarado, abogado y analista político.

"Eso refleja la existencia de un sistema donde el gobierno desempeña un papel para facilitar el tráfico de drogas", dijo, tomando en cuenta que es el segundo pariente cercano de un presidente de Honduras que es condenado en una corte, después de Fabio Lobo, el hijo del expresidente, Porfirio Lobo. Fabio Lobo fue condenando a 24 años de prisión en 2017, y su padre también fue nombrado como co-conspirador en el juicio de Hernández.

El sistema judicial hondureño es tan corrupto que ni Fabio Lobo ni Tony Hernández han enfrentado cargos en los tribunales locales, según las críticas.

¿Más juicios?

El juicio de Hernández ha aumentado la presión pública para llevar a juicio a varios políticos hondureños que fueron nombrados en el juicio como colaboradores de traficantes, incluyendo al ex presidente Lobo.

Aunque Juan Orlando Hernández goza de inmunidad política por ahora, también podría ser enjuiciado algún día, ya sea en Honduras o en Estados Unidos.

Dos de los coacusados de Hernández están prófugos: su primo y ex comisionado de policía, Mauricio Hernández y el ex vicealcalde de Gracias, su ciudad natal en el oeste de Honduras, Mario José Cálix, alias 'Cubeta'. Podrían revelar testimonios más perjudiciales si son capturados.

El fiscal Emil Bove describió Honduras como un estado donde los narcotraficantes afines al partido de Hernández estaban completamente protegidos de investigaciones y arrestos. Dijo que utilizaban la policía del país para proteger los cargamentos de cocaína y matar a rivales. Los carteles incluso lograron que el gobierno enviara tropas a la frontera de Honduras con Guatemala para proteger su territorio. "Eso es narcotráfico patrocinado por el estado", dijo Bove.

Por lo tanto, era importante que Estados Unidos mantuviera la presión, dicen Pineda y otros.

"El gobierno de Estados Unidos no debe parar con esta condena, sino que debe proceder no solamente para castigar a los autores materiales, sino también para desmantelar todo este sistema", le dijo Pineda a Univision.

El tráfico de drogas hacia Estados Unidos no va a parar sólo porque Tony Hernández esté preso. Será sustituido", añadió.

Por el momento, la administración Trump ha respaldado a Hernández, incluso felicitándolo esta semana por su cooperación con la política de inmigración estadounidense que tiene el propósito de detener el flujo de solicitantes de asilo en la frontera con México.

El viernes, el presidente Hernández, que no ha sido acusado formalmente de ningún delito, defendió las acciones de su gobierno para frenar el tráfico de drogas en un breve discurso televisivo a la nación. Rechazó enérgicamente "los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado".

se comprometió a seguir cooperando con Estados Unidos en la guerra contra las drogas "hasta erradicar completamente esta plaga que causa tanto dolor y muerte en nuestras familias".

El ex embajador estadounidense, James Nealon, dijo que era difícil saber en este momento si Hernández podría sobrevivir, pero que le preocupaba el daño que podría sufrir el progreso de los esfuerzos estadounidenses para combatir la pobreza y la violencia en Honduras.

Debilidad e inestabilidad

"Realmente temo que se revertirá todo el progreso de los últimos cinco años a causa de la combinación de la debilidad de Hernández, de que su propio partido se una y se le ponga en contra, y de que Estados Unidos decida enfocarse exclusivamente en la cifra de migrantes en la frontera", dijo.

En los próximos seis meses, la incertidumbre y la inestabilidad también podrían provocar el repunte de las cifras de migrantes en la frontera, añadió.

"La condena es otro golpe a los esfuerzos del presidente Hernández para presentarse como un socio confiable y firme de Washington", dijo Dan Erikson, experto en América Latina de Blue Star Strategies y ex asesor de la Casa Blanca.

"Seguramente provocará nuevas turbulencias en la relación ya tensa entre la Administración Trump y Honduras. Aunque el presidente Hernández ha proclamado su inocencia y ha denunciado enérgicamente el juicio, el veredicto tendrá una enorme repercusión en Honduras y les dará nuevas armas a sus críticos", añadió.

Guerra contra las drogas

El Departamento de Estado recientemente ha moderado sus elogios a la cooperación de Hernández en la guerra contra las drogas.

"La disposición de las entidades civiles y militares al combate del tráfico ilícito de drogas y las medidas adoptadas por el Gobierno de Honduras durante los años previos para crear nuevas entidades de control de drogas aún no se han traducido en aumentos significativos en los decomisos de drogas o golpes importantes contra las organizaciones de tráfico de drogas", declaró el Departamento de Estado en su Informe anual de estrategia de control de narcóticos para 2019.

"Aunque los decomisos por parte de las autoridades hondureñas en sus dominios territoriales y marítimos han disminuido, no hay información concreta que sugiera que el volumen general de drogas ilícitas que se trafican a través de Honduras haya disminuido".

Fuente: Univisión