Se ha llevado a cabo el primer ciclo de las audiencias públicas en el que han comparecido los aspirantes a los nuevos órganos: El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Cada vez está más cerca el momento cúspide, cuando sean integraos las referidas entidades. Pero no todos los postulados están conformes con la revisión de las hojas de vida y la evaluación de sus competencias.
A juicio de algunos candidatos, las audiencias públicas que comenzaron ayer, son nada más una "pantalla", porque -según han afirmado- "todo está arreglado".
Los procesos de consulta democrática estarán revestidos de transparencia y legitimidad solamente si son nombrados funcionarios con credibilidad y honestidad al frente del Consejo Nacional y del Tribunal de Justicia Electoral, han opinado -de su parte- miembros de la empresa privada.
Figuras internacionales de crédito han hecho hincapié en la urgencia que tiene Honduras de conformar un poder electoral unificado; esto es, darle paso a un Tribunal Judicial Electoral sin injerencia político-proselitista, aunque estos elementos estén eventualmente presentes en las ejecutorias del Consejo Nacional Electoral.
¿Procesos sólidos y eficientes? Por lo menos estas condiciones son las que se espera alcanzar a la luz del funcionamiento de los nuevos entes comiciales, cuyas autoridades tendrán el desafío de garantizar procesos de consulta con mayor legitimidad y transparencia, dos grandes debilidades de las justas electorales de Honduras.
Para los analistas nacionales, las últimas consultas populares han generado mayores enfrentamientos y controversias, además de poner en duda la autenticidad de la voluntad de los hondureños, en lugar de generar un verdadero pacto entre las fuerzas políticas y los ciudadanos.
Múltiples sectores sostienen que es ingenuo pensar que las instituciones que estarán a cargo de los procesos electorales serán integradas por personajes desligados de intereses sectarios.
Lo que existe ahora es una débil representación de los sectores populares, procesos electores viciados y un bajo nivel de confianza de la población en el sistema democrático politiquero y no incluyente.
En esta nueva etapa se aspira a construir una institucionalidad electoral fuerte que garantice elecciones justas, transparentes y legítimas.
