Cinco medidas de protección contempla Ley de Colaboración Eficaz

Una cartera de cuatro beneficios y cinco medidas de protección contempla el proyecto de Ley de Colaboración Eficaz que es promovida por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).

Las concesiones serían otorgadas a los sujetos que contribuyan a brindar información útil para identificar y desarticular las redes del crimen organizado.

La propuesta de la ley detalla que se podrá otorgar un trato preferente por la colaboración eficaz a personas consideradas como responsables de delitos, en actos consumados o en tentativa.

Así, entonces, están postuladas cuatro posibilidades. La primera corresponde a la abstención total o parcial de la acción penal o la suspensión condicional de la persecución penal.

La segunda está dirigida a la abstención del inicio de la investigación; la tercera, apunta a la libertad condicional; y la cuarta, compete a la rebaja de la pena en dos terceras partes o la extinción de la misma cuando la condena se tenga por cumplida, una vez aplicado el alivio.

El texto de la Ley de Colaboración Eficaz que ha sido presentada al Congreso Nacional incluye cinco medidas de protección que serían aplicadas a quienes se acojan a su amparo.

El articulado señala que el fiscal o -en su caso- el juez, deberá adoptar, según el grado de riesgo o de peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio o lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción que asista al colaborador.

En este caso serían aprobadas disposiciones especiales como son la protección policial, la reserva de identidad, medidas procesales y jurisdiccionales, la fijación de la sede de la sede de la Fiscalía como domicilio y, finalmente, reglas de seguridad penitenciaria.

La MACCIH define la Ley de Colaboración como un instrumento valioso para obtener datos, material, insumos y elementos que permitan construir expedientes de investigación y formular requerimientos fiscales contra las cúpulas de la deshonestidad.

Los miembros de este organismo internacional concuerdan en que la ley facilitará la persecución penal de los líderes de las bandas, pues otorga beneficios a los miembros de las escalas inferiores e intermedias de las estructuras criminales, a cambio de información sobre los miembros de los niveles superiores.

Lo que se busca es ejercer una efectiva persecución penal, no solamente en los estratos inferiores o medios, sino en aquellos escalones donde se mueven los cerebros; es decir, los que han tejido las mallas de la actividad criminal en el país.