Se ha profundizado el rechazo de vastos segmentos de la sociedad que no aceptan la entrada en vigor del Código Penal, porque lo catalogan como un "blindaje para los corruptos".

¿Representa este cuerpo normativo un camino raudo hacia la impunidad? Los grupos que se oponen a la aplicación del nuevo instrumento legal no dudan en responder que Sí.

En manos del Congreso Nacional está una iniciativa ciudadana en la cual se plantea la ampliación de la "vacatio legis", con el fin de revisar aquellos artículos que dan lugar a dudas acerca de sus implicaciones.

El Consejo Nacional Anticorrupción denunció que la aprobación de dicho Código fue irregular, puesto que se determinó la dispensa de debates solamente con votos a favor en los capítulos referidos al delito de malversación de caudales públicos en todas sus modalidades.

En esta misma línea de argumentos, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha demandado que el controversial cuerpo legal no entre en aplicación hasta el  1 de enero de 2021.

En tanto llega esa fecha, los diputados deben introducir las reformas necesarias de manera integral y consensuada, con base en una evaluación profunda que incluya a operadores de la justicia, académicos, profesionales de las ciencias jurídicas y los otros actores que hacen empleo de los instrumentos de derecho penal.

El organismo de la sociedad civil ha elaborado una propuesta de enmiendas que encierran los tiempos para la aplicación de penas, así como la concepción normativa en las asignaturas de narcotráfico, corrupción, medio ambiente, delitos contra la propiedad e ilícitos contra la mujer y libertad sexual.

En semanas anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un estudio que concluye que existen diversas figuras penales que requieren ser cotejadas y colocadas en el contexto del derecho internacional.

El nuevo Código Penal crea medio centenar de tipos delictivos; sin embargo, son muchos los grupos de estudiosos de las leyes que sostienen que "aligera" las penas de prisión en la mayoría de los casos.

Este trato flexible abarca los delitos de alto impacto como son: El lavado de activos, malversación de caudales, fraude y secuestro, entre otras faltas, lo que provocaría mayor impunidad.

Los legisladores, en su mayoría, han negado tales extremos y sostenido que el Código Penal es un instrumento que contribuirá a volver más eficaz la persecución del delito, la aplicación de las leyes y la impartición de justicia.

Según lo explicado en documentos generados por el Congreso Nacional, las penas contempladas para la malversación de caudales públicos, es de cuatro a seis años si los recursos sustraídos no superan los cien mil lempiras y de seis a nueve años cuando los daños causados son superiores a la suma indicada.

En los casos agravados, las penas irían desde los ocho hasta los 15 años. Actualmente, el castigo para la malversación de caudales públicos varía entre dos y 12 años.

El fraude es considerado en el nuevo texto como un delito que podría darse en cualquier proceso de contratación del Estado y -sumado a ello- en todas las liquidaciones a que está obligada toda persona natural o jurídica cuando recibe o administra fondos públicos.

En relación a quienes han manifestado que el nuevo Código Penal entorpece o limita las investigaciones de enriquecimiento ilícito, la Cámara Legislativa ha respondido que esto es falso, ya que está regulado en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

En la lucha a favor de la transparencia el Congreso Nacional aprobó los delitos de corrupción entre particulares y contra la seguridad social, así como nuevas formas de contrabando y defraudación fiscal, han argüido los promotores del nuevo Código Penal.

En este mismo plano, el Poder Legislativo ha planteado que la normativa penal define de manera más específicas las penas relacionadas con el tráfico de drogas. 

De todas maneras, los diversos sectores que exigen la no entrada en vigencia del Código Penal están convencidos que este instrumento legal está lleno de trampas en la batalla contra la corrupción y la impunidad.