Pocos pasos faltan para que las autoridades de las nuevas entidades comiciales sean nombradas.
Después de haber alcanzado una pausa en la guerra entre los fragmentos políticos que hizo posible superar momentáneamente la “insurrección legislativa”, los representantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, están por ser elegidos.
La tarea en esta ruta ha sido encomendada a una Comisión Multipartidaria, cuyos miembros han recibido las postulaciones, los argumentos de las objeciones a tales candidaturas y, finalmente, someterán a los votos negociados a los aspirantes a ocupar cargos de dirección en las instituciones comiciales recién creadas.
Un primer paso ya se dio con la aprobación de la Ley Especial que establece los requisitos, atribuciones y competencias del Consejo y del Tribunal de Justicia Electoral.
Como se sabe, el cuerpo legal ya fue sancionado por el Poder Ejecutivo y publicado en el diario oficial La Gaceta. Las audiencias públicas de los postulados comenzarán en breve, en lo que constituye la segunda etapa de todo el proceso.
Figuras internacionales de crédito han hecho hincapié en la urgencia de Honduras de conformar un poder electoral unificado; esto es, darle paso a un Tribunal Judicial Electoral sin injerencia político-proselitista, aunque estos elemento estén presentes en las ejecutorias del Consejo Nacional Electoral.
¿Procesos sólidos y eficientes? Por lo menos estas condiciones son las que se espera alcanzar a la luz del funcionamiento de los nuevos entes comiciales, cuyas autoridades tendrán el desafío de garantizar procesos de consulta con mayor legitimidad y transparencia, dos grandes debilidades de las justas electorales de Honduras.
Para los analistas nacionales, los últimos procesos electorales han generado mayores enfrentamientos y controversias, además de poner en duda la autenticidad de la voluntad popular, en lugar de generar un verdadero pacto entre las fuerzas políticas y los ciudadanos.
Sería ingenuo pensar que los entes que en el plazo urgente comenzarán a operar los procesos electorales estarán dirigidos por personajes desligados de los intereses sectarios y hasta enfermizos.
Lo que existe ahora es una débil representación de los sectores populares, los viciados procesos electores y un bajo nivel de confianza de la población en el sistema democrático politiquero y no incluyente.
Los políticos no han sido capaces de avenirse a un acuerdo para conformar instituciones electorales independientes y transparentes. En esta nueva etapa se aspira, al menos, a que los hondureños se involucren de una vez en la lucha contra la pobreza, la corrupción, la usurpación del poder y del derrumbe de la democracia.
