Agonizante salud pública para un pueblo pobre y enfermo

Un derecho elemental e irrenunciable es el acceso a los servicios de salud garantizados, equitativos, de dignidad y de alta calidad.

El tema ha estado en la palestra y ¡cómo no! Los médicos, las enfermeras, los doctores internos, los residentes y los que cumplen servicio social han abandonado sus plazas o cubierto sus tareas a medio vapor en los días precedentes.

La red hospitalaria y los centros de asistencia permanecen desde hace varios días con sus puertas cerradas a las consultas externas. Nada más se le ha dado cobertura a las salas de atención crítica.

En asambleas informativas se ha enclaustrado la dirigencia de los profesionales de las Ciencias Médicas, quienes han contado con el acompañamiento de otros sectores de la salud.

El movimiento que comenzó con la exigencia de derogar la Ley de Transformación y Reforma del Sistema de Salud, se ha extendido a la demanda para que sean cancelados los decretos aprobados por la Presidencia en Consejo de Ministros, mediante los cuales fueron creadas las comisiones especiales del sector.

Tiene su asidero la cruzada, toda vez que la misma sea tendiente a defender la salud pública, a terminar con todas las pestes que han carcomido el aparato sanitario por la falta de médicos, de medicinas y de insumos y el colapso de la red hospitalaria.

Atiborrado es el conocimiento que tenemos acerca de la ingrata condición de nuestra población, en su mayoría pobre y, encima, aquejada por diversas enfermedades.

Los hondureños más necesitados no tienen esperanza de obtener una atención humanitaria, solidaria y de congruencia en el aparato estatal. La precariedad es de tal dimensión que nuestros semejantes prefieren morir en el abandono, sencillamente porque no hay más salida en un aparato asistencial agónico por sí mismo.

Nunca como ahora, nuestra atención en salud había estado en tal condición de podredumbre ni enredada en las inútiles o poco efectivas actividades de todas las comisiones que han sido nombradas para encontrarle cura a las calamidades del sector.

El sistema de salud está en coma, un estado al que ha ingresado sin posibilidad de reversión. El clamor de los enfermos no ha tenido eco, más bien, su situación empeora cuando el Gobierno no actúa con oportunidad y los gremios de la salud radicalizan sus posiciones.

Y es que las posturas extremas siempre resultan irracionales, más todavía cuando se trata de un tema tan sensible, de un asunto de vida o muerte como es el acceso a la salud a que tiene derecho el pueblo.

¿Vamos a darle la razón a los médicos y profesionales de áreas conexas o a la Administración del Gobierno que administra el sistema de salud y que tiene la obligación ineludible de garantizar servicios asistenciales pertinentes?

¿Los médicos sin armas para luchar por la vida de los pacientes en el agónico sistema hospitalario nacional y el Gobierno sostenido sobre puros planes de reforma de la salud, vacíos de contenido?

Nos colocamos del lado de las víctimas, cuya vida nunca debería estar en riesgo por la inoperancia de un aparato sanitario que no cuenta ni con médicos ni con medicinas.

La justicia se haga para los hondureños afectados por todo tipo de enfermedades y lacerado por la pobreza que ataca a cerca del setenta por ciento de nuestra población.