A más de 7,000 millones sube déficit operativo de la ENEE y de HONDUTEL

En vilo están las dos principales instituciones de servicio público del país: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

El derrumbe financiero de las dos entidades está expuesto con toda su crudeza. Su estado casi ha tocado fondo, como lo reflejan sus números en rojo.

La ENEE reporta un desbalance de alrededor de 7,000 millones de lempiras entre sus ingresos y egresos, pero el déficit acumulado de la institución es escandaloso. La suma es de 53,000 millones de lempiras.

Las deudas con los proveedores ejercen una presión importante sobre las finanzas de la estatal de energía, pues se trata de cuentas por encima de los 12,000 millones de lempiras, de los cuales unos 9,000 corresponden a la mora con los generadores.

Los expertos en finanzas estiman que la brecha de la ENEE se ha ampliado a un ritmo insostenible, ya que ha pasado de 0.6 por ciento a 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En la misma línea de inestabilidad se encuentra HONDUTEL, que hoy día opera con pasivos totales por el orden de los 4,110 millones de lempiras, en contraste con los cuatro mil 80 millones del año pasado.

Al último de enero de 2019, la Empresa de Telecomunicaciones tenía cuentas por pagar por el monto de 2,950 millones de lempiras y documentos por la suma de 474 millones.

HONDUTEL clausuró 2018 con un déficit de 200 millones de lempiras con una inclinación hacia su profundización. Esto explica el porqué la Administración Central ha determinado que no invertirá un tan solo centavo más en las arcas de la entidad, en tanto no se elabore un plan de transformación administrativa, de operación y de negocios.

Desde hace una década, se realizaron al menos dos intentos por entablar una sociedad o vender la mayor parte de las acciones de HONDUTEL. Ninguna prosperó y ahora la empresa está en la ruina, de donde será difícil rescatarla.

La hecatombe de las empresas estatales de servicio púbico es una realidad. La muerte de dichas instituciones, que son parte del patrimonio nacional, comenzó a gestarse desde hace varias décadas por el desvío de sus recursos, la formación de sociedades infames entre políticos y algunos empresarios corruptos, sin dejar de lado la voracidad de los grupos sindicales y la falta de visión de los gobiernos de turno.