$407 millones cuesta a la economía de El Salvador exceso de trámites estatales

La Presa, Gráfica: El costo por los trámites que ciudadanos y empresas realizaron durante 2016 en los 14 ministerios del Órgano Ejecutivo ascendió a $407 millones, es decir, casi dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), según determinó un estudio elaborado por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), con apoyo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en México (CONAMER).

En la investigación se analizaron 835 trámites, los que a su vez cuentan con 2,240 modalidades. Son precisamente estas modalidades las que implicaron un Costo Económico Social (CES) de $407 millones. La mayor parte de costos se deriva del tiempo que los particulares destinan a cumplir con todos los requisitos que las instituciones les exigen (90.7 %), y el resto, al costo de oportunidad por el tiempo que se espera para obtener una resolución (9.3 %).

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) explicó que las cargas administrativas de estos 835 trámites se midieron luego de adaptar la metodología del programa SIMPLIFICA, creado por la CONAMER.

En promedio, cada ministerio cuenta con 164 modalidades de trámites, se solicitan 11 requisitos por modalidad y se debe esperar 38 días calendario para obtener una respuesta. El costo por trámites se calcula en $1,788.

Según la OMR, determinar las características de cada trámite ha permitido agruparlos en trámites para ciudadanos y empresariales. De las 2,240 modalidades de trámites que se contabilizaron, 1,515 son empresariales, con un costo de $276.9 millones. Mientras que las 725 modalidades restantes son realizadas por ciudadanos y tienen un costo estimado de $130.1 millones.

El ministerio con más carga administrativa es Hacienda con $195 millones, $181 millones fueron pagados por empresarios y $14 millones por los ciudadanos. Mientras que el ministerio con más número de trámites es el de Obras Públicas. Solo en este ministerio se contabilizaron 157 trámites. En el Ministerio de Hacienda se exigen 146 trámites.

Esta medición forma parte del Proyecto de Simplificación y Registro de Trámites, el cual tiene como meta reducir en un 20 % las cargas administrativas que los trámites de los 14 ministerios imponen a los usuarios, hacia finales de 2020, justo al cierre de FOMILENIO II, el programa conjunto de inversión de los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos que busca reducir la pobreza y favorecer el clima de negocios en el país.

El proyecto también se propone construir el Registro Nacional de Trámites y Servicios, lo cual también quedó establecido en la Ley de Mejora Regulatoria. Si un trámite es incluido en el portal, no se considerará válido. “El registro tendrá carácter vinculante y pretende brindar certeza jurídica a empresarios y ciudadanos sobre los trámites que les podrán ser exigidos y los requerimientos particulares de cada uno de ellos”, ha dicho el OMR.

Metodología

Yesenia Salas, especialista en evaluación económica del OMR, explicó que uno de los criterios utilizados para determinar qué trámites incluir en el estudio y cuáles no fue su obligatoriedad; por ejemplo, aquellos vinculados con un permiso, licencia o autorización para desarrollar una actividad comercial o ciudadana.

“La metodología pone valor a los tiempos que ciudadanos y empresarios invierten en gestionar un trámite, acumular requisitos, buscar toda la documentación que le van a solicitar; y el tiempo que tarda esperando una respuesta por parte de la institución”, detalló.

Identificar los trámites que representan mayores costos permitirá elaborar planes de simplificación, aseveró Salas. La Ley de Mejora Regulatoria, que entró en vigor el 9 de abril pasado, estipula que los sujetos obligados deberán elaborar un plan anual de mejora regulatoria. “Queremos desarrollar una actividad sistemática donde se puedan ir midiendo los trámites año con año y con eso ir construyendo planes de simplificación, que a su vez serán parte de los planes de mejora regulatoria que la ley contempla”, agregó Salas.