Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la AsociaciónCuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos» en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.

El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica a ABC cómo ha sido la elaboración de la denuncia: «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».

En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas…) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.

Testimonios

La recogida de testimonios ha sido uno de los aspectos más importantes pero también uno de los más complicados a la hora de elaborar la denuncia: «Varios aspectos han sido especialmente complejos -reconoce Larrondo-. En un momento determinado unos agentes de la seguridad del Estado me entretuvieron durante tres meses para evitar que consiguiera testimonios de médicos haciéndome creer que ellos me los conseguirían todos-, pero mi intensidad en el trabajo fue tal que cuando me di cuenta del engaño la propia necesidad de dar fin al trabajo me llevó a descubrir que gracias a mi experiencia en la creación de einforma, concepto que cree y he dirigido durante años, me abría la puerta a conseguir los testimonios realizando una campaña publicitaria que utilizó el público objetivo segmentado de Facebook para llevarles a una página de testimonios a la cual accedieron más de 15.000 personas».

Muchas de estas personas no respondieron ante el miedo a una posible represión, pero sí logró en torno a 70 testimonios, «de los cuales salieron 46 declaraciones completas y verificadas. En ese momento -continúa Larrondo- me di cuenta de que habíamos logrado cerrar el círculo Porque mientras tanto había seguido trabajando en la documentación obteniendo muchísimo más que si las declaraciones las hubiera obtenido al principio. El resto solamente fue ir enseñando el trabajo a diferentes agentes políticos y mediáticos que abrieron las puertas para facilitarnos la labor de denuncia«.

La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, incluye una encuesta realizada a estas 46 médicos, que muestra cómo el 56,2% de ellos no se presentó voluntario para participar en la misión que le fue asignada, mientras que el 39,13% lo hizo «presionado por causas coercitivas», según apunta la denuncia. El 50% reconoce que se sintió obligado a aceptar «ante el temor a ser marcado negativamente en mi entorno laboral y/o personal». Sin embargo es la extrema pobreza que sufre gran parte de los ciudadanos cubanos y el bajo salario que percibe un médico en la Isla –entre 30 y 50 dólares mensuales– los que llevó al 97,83% a participar en las misiones. ABC