La Fiscalía General de la República pidió ayer al Juzgado Séptimo de Instrucción anular las solicitudes de procedimientos abreviados que le permitirían a la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca, y al publicista César Daniel Funes Cruz, dos de los 15 acusados en el caso “Destape a la Corrupción II”, evitar ir a la cárcel a cambio de confesar que cometieron el delito de lavado de dinero, en la administración del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).

Otras cinco personas pidieron, el mes pasado, acogerse a este beneficio, pero la Fiscalía no reveló si cumplen con los requisitos para solicitar que el juez se los otorgue.

El Director contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, German Arriaza, explicó que la ruptura del acuerdo que De Saca y Funes alcanzaron en la administración del Exfiscal General, Douglas Meléndez, se debe a que ambos se niegan a reintregar el total de dinero que presuntamente le sustrajeron al Estado: ella más de $17 millonesy él $6.5 millones.

“Sí había acuerdo con dos personas, pero al apartarse de los mismos estamos solicitando (al juez) que se dejen sin efecto esas solicitudes de procedimientos abreviados. Como Fiscalía les estamos exigiendo la devolución del total del dinero”, apuntó Arriaza afuera de la sala donde el juez realizaba una audiencia de anticipo de prueba, en la cual declararon dos testigos criteriados (con beneficios penales) de la Fiscalía: “Príamo” y “Prometeo”.

FISCALÍA

“No ha habido modificación (del acuerdo). Se les manifestó que los términos en que la Fiscalía iba a entrar a un tipo de negociación pasaba únicamente por la devolución de la totalidad del dinero sustraído”.

German Arriaza, Director contra corrupción

En contraste, el defensor de la exfuncionaria, Miguel Flores Durel, aseguró que el procedimiento abreviado que favorecería a su clienta quedaría nulo debido a que el Ministerio Público “modificó” el acuerdo.

El abogado dijo que los cambios están relacionados con el pago de responsabilidad civil que se le exige hacer a De Saca “hace dos días se manifestó formalmente que había que garantizar con una fianza o algo, el cumplimiento de la cantidad”.

Flores Durel ahondó que los bienes de la exprimera dama están intervenidos por lo que no se le puede exigir esa condición.

“Los bienes de mi representada están intervenidos, otros controlados; otros con medidas cautelares, entonces en esa condición no se le puede exigir efectivo… Vamos a escuchar la posición fiscal; no se ha desistido totalmente (del acuerdo), sino que hay un punto en que no se encuentra convergencia”, sostuvo el abogado.

El fiscal Arriaza rechazó que la institución haya modificado la negociación con los dos imputados y reiteró que la Fiscalía garantizará el reintegro de todo el dinero público.

Esos fondos provenían de Casa Presidencial y fueron destinados a cuentas particulares y de las empresas familiares de los Saca, de acuerdo a las investigaciones.

“Se les manifestó que los términos en que la Fiscalía iba a entrar a un tipo de negociación pasaba única y exclusivamente por la devolución de la totalidad del dinero sustraído”, aseveró el fiscal contra la Corrupción y la Impunidad.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio Público, Raúl Melara, secundó a Arriaza: “La @FGR_SV no ha variado nada. Si no se devuelve el dinero, no puede haber trato. Simple”.

Estaba previsto que ayer los fiscales y defensores se pronunciaran ante el juez sobre los procedimientos abreviados, sin embargo el tema no se abordó y será hasta en este segundo día de audiencia en que ambas partes puedan reforzar sus posturas. De lo contrario el proceso continuará su curso normal.

DATOS Y CIFRAS

En el caso “Destape a la corrupción II”, entre ellos, la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca y el publicista César Funes.

Penas de hasta 15 años de cárcel con procedimiento ordinario

El abogado Miguel Flores Durel expresó que si no se concreta un proceso abreviado para su defendida están preparados para enfrentar un procedimiento ordinario y dijo que tienen “suficientes elementos” para desvanecer los hechos que se les imputan.

Entre las pruebas, señaló el profesional, está la confesión del expresidente Saca (quien purga 10 años de prisión por admitir que sustrajo $300 millones del Estado) en la que desvincula a su esposa del delito de lavado de dinero.

“Mi clienta se desvincula de los hechos, la confesión pierde valor técnicamente hablando si se va a un procedimiento ordinario. Los testigos criteriados ninguno la menciona, a excepción de “Príamo”; pero no la vincula a ninguna actividad ilícita, a ninguna actividad sospechosa que la pueda dañar. Por lo tanto consideramos que se puede lograr un sobreseimiento definitivo”, aseguró Flores Durel.

Él manifestó que un día antes de que el ex Fiscal General, Douglas Meléndez, dejara el cargo, anunció que se había acordado con De Saca una pena de cinco años de cárcel a cambio de admitir que cometió lavado de dinero.

DEFENSA

“Los bienes de mi representada están intervenidos, otros controlados; otros con medidas cautelares, entonces en esa condición no se le puede exigir efectivo… No se ha desistido totalmente (del acuerdo)”.

Miguel Flores Durel, defensor

Con la llegada de Melara a la Fiscalía, según el abogado, se logró reducir a tres años la pena de prisión, la cual sería reemplazada por trabajos de utilidad pública. Los fiscales no se pronunciaron ayer sobre las penas de cárcel.

Pero con la petición del Ministerio Público de anular el juicio abreviado, los imputados deberán enfrentar un proceso ordinario en el que, si se les declara culpables, podrían ser condenados a penas de entre cinco y 15 años de prisión. El Salvador.com