La ampliación a 180 días del término del Decreto 047-2018, es uno de los 3 acuerdos importantes a que llegaron, los principales representantes de los productores a nivel nacional, junto con autoridades de gobierno en una reunión de emergencia convocada en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).


En esta cita participó Ebal Díaz ministro de la Presidencia, junto con el titular de la SAG, Mauricio Guevara y Carlos Madero, ministro del Trabajo, entre otras principales autoridades gubernamentales, a fin de apoyar a los productores para atender varios temas del sector productivo principalmente de financiamiento para el mismo.


El ministro Guevara al final de esta reunión resumió los acuerdos fundamentales a que se llegó con los productores e informó que se logró una ampliación o prorroga del término del Decreto 0047-2018 a unos 180 días más.


Con este decretó se readecuan la deuda de los productores con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Se da este mayor plazo porque los productores no tuvieron responsabilidad en la ejecución de este decreto, pues en la interpretación de la ley para su desarrollo pasaron varios meses.
Guevara expresó que con la participación de diputados del Congreso Nacional en este encuentro, se dio la venia para lograr la ampliación del decreto.

“El acuerdo número 2 es la creación de un nuevo decreto que ampara a los productores que han sido objeto de remates por parte de BANADESA, y es que se va hacer un arreglo de financiamiento para que los productores que hayan perdido sus propiedades puedan tener la opción hacerse de ellas de nuevo”.


Como tercer acuerdo el titular de la SAG, informó que se aplicará el Decreto 047-2018, que tiene como objetivo apoyar al productor con las obligaciónes de pagos que tiene este con el banco estatal del Estado.

También se acordó llegar a un consenso entre la parte técnica del banco con el productor a fin de que se investigue el flujo económico de los productores y de acuerdo a este, establecer la fecha de pago de los créditos acomodandolos en el tiempo, de acuerdo a la capacidad de pago del productor y no precisamente como lo estipula el decreto que hasta 20 años.

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