Hoy continuará el juicio oral y público en el caso “Caja Chica de la Dama”, que involucra a la esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa.

La audiencia de evacuación de medios probatorios fue suspendido ayer, debido a que uno de los cinco testigos protegidos no se presentó a declarar y tampoco pudo ser establecida su dirección.

La ex Primera Dama está señalada de haber cometido varios delitos relacionados con el desvío de fondos que originalmente estaban destinados a financiar programas de beneficio social.

Los hechos irregulares están documentados en líneas de investigación abiertas por el Consejo Nacional Anticorrupción y por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que es una instancia que nació a la luz de una estrategia enlazada con la MACCIH.

De acuerdo con los hallazgos del proceso investigativo, la señora de Lobo conformó una red de corrupción que comenzó a mover sus hilos desde 2011 y de la que tomó participación su cuñado, Mauricio Mora, otro personaje que todavía no es identificado y al menos una decena de alfiles.

Son varias las líneas básicas que trazan la ruta de la corrupción de la ex Primera Dama y sus socios y cómplices. Un primer renglón está referido a la apropiación de 94.6 millones de lempiras provenientes de diferentes fuentes; entre ellas, el Gobierno de China, Taiwán, para el desarrollo de iniciativas sociales.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, ha denominado este expediente “Caja Chica de la Dama”, porque se trata de un monto millonario que fue manejado mediante un enredado procedimiento de “blanqueo” que estuvo en funcionamiento desde 2011.

En una primera etapa, fueron emitidos 35 cheques a nombre de nueve personas que se encargaron de cambiar tales documentos contables en las instituciones bancarias y retornar los recursos lavados al entramado de corrupción.

Una vez consumada esta operación, otros 45 cheques fueron librados para los mismos nueve personajes, integrantes de la asociación corrupta conformada para mover los recursos desviados, incluso después de que la señora de Lobo abandonó su condición de Primera Dama.

En total, fueron 94 millones los que fueron reciclados a través de más de 70 cheques, con el fin de blanquear esos recursos a los que se les dio un destino diferente de la finalidad primaria de ejecutar proyectos sociales para los sectores necesitados, especialmente para la niñez hondureña.

En este caso concurren al menos tres delitos: Malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita, según lo expuesto por funcionarios de jerarquía de la MACCIH.

Otra línea de acusación contra la ex Primera Dama es la que tiene que ver con la sobrevaloración por 6.9 millones en la compra de uniformes y zapatos para los niños pobres de Honduras.

Una tercera escena en la que aparece la esposa de Lobo Sosa es la que trata de una transferencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la Secretaría de Finanzas por 150 millones de lempiras, que habían sido gestionados mediante un convenio entre el Estado de Honduras y un Gobierno extranjero.

Este dinero fue trasladado al Poder Ejecutivo y administrado por el Despacho de la señora de Lobo, sólo tres meses antes de que el ex gobernante entregara el poder.

Estaba claro que esa significativa cantidad de dinero no tendría un manejo limpio para las necesidades sociales de los grupos vulnerables. Fue desviada hacia intereses opacos.

Otro golpe desde la malla de deshonestidad tejida alrededor de la ex Primera Dama y sus co-partícipes: Unos días antes de que se produjera el relevo en el Poder Ejecutivo, la acusada se presentó en una institución bancaria para retirar 12.2 millones de lempiras de la línea de su Despacho para depositarlo en su cuenta personal de cheques.

Ésta es la historia contada con base en los elementos que han establecido la Fiscalía, en conjunto con la MACCIH, y por el Consejo Nacional Anticorrupción.

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