El SAR niega que nueva facturación prohíba los descuentos en el comercio

La directora del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, negó rotundamente hoy que el nuevo formato de facturación «prohíba los descuentos ya establecidos por las empresas».

Los cambios, que entrarán en vigencia mañana, 1 de marzo, consisten en agregarle dos casillas a las facturas: en una se registrarán los descuentos que un agente comercial le otorgue al cliente y en la otra se detallarán números de autorización de exoneraciones fiscales que otorgue la Secretaría de Finanzas a un contribuyente.

«Estoy sorprendida por lo que se ha venido diciendo desde hace dos días, ¿Por qué mentir? ¿Por qué recurrir a la falsedad para posicionar una idea que no sé a quienes favorece? Eso es lo que a mí, honestamente, me llena de mucha tristeza, ante los señalamientos de una parte de la empresa privada que aduce que se quitarán los descuentos establecidos en el comercio en favor de la población con la nueva facturación», subrayó.

Añadió que «cuando queremos posicionar una idea la pregunta es: ¿Con qué intención se hace? Quiero negar rotunda y categóricamente desde que salió esta tendenciosa versión: La SAR no tiene la facultad para poder prohibir, ni mucho menos regular, el monto de los descuentos que las empresas, de acuerdo a su política comercial, quieran darle a sus clientes».

«Es totalmente falso y me extraña que el señor Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), desconozca lo que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) textualmente establece y dice que no forma parte gravable los descuentos efectivos que consten en las facturas», apuntó.

«Repito: la Ley del ISR establece clara y rotundamente que no forma parte de la base gravable los descuentos. En pocas palabras, esto es deducible del ISR; es decir, que esto no se computa como una utilidad en el momento al pagar el ISR», puntualizó.

La funcionaria del Ejecutivo recordó que este nuevo formato fue aprobado el 13 de agosto de 2018 y no es del desconocimiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), puesto que «a solicitud de ellos se reformó en cuanto a su entrada en vigencia».

«Originalmente iba a entrar en vigencia en diciembre de 2018 y posteriormente, con la solicitud que ellos presentaron, se prorrogó» para el 1de marzo de 2019, insistió.

«Estamos hablando de una reforma que fue aprobada y es de conocimiento de ellos (los empresarios), desde hace siete meses. Por lo tanto, no es una medida arbitraria y de último momento como se ha querido hacer ver», acotó.