Por: J.R. Mass

Los contratos colectivos han sido un lastre para empresas de servicio público e instituciones de capital estatal y privado, antes que un pliego de justas reivindicaciones para los trabajadores.

Históricamente, la mayor parte del presupuesto de tales dependencias se ha derrochado en el pago de sueldos y salarios y en el otorgamiento de privilegios desmesurados.

La dirigencia sindical y sus afiliados no se han medido en sus ambiciones, a tal grado que -hasta hace poco- se estimaba que entre 4,000 y 5,000 millones de lempiras son drenados a través de “leoninos” contratos colectivos que han sido negociados en lasempresasde Energía Eléctrica (ENEE), de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y Portuaria. Se agregan el Seguro Social y el Instituto de Formación Profesional (INFOP).

Justo las dos últimas semanas han salido a relucir detalles acerca de la voracidad sindical que se lleva no menos del 70 por ciento del presupuesto del INFOP.

Se sabe que solamente el cumplimiento de las cláusulas económicas y sociales le costará a la entidad cerca de 50 millones de lempiras, sin dejar de lado los beneficios descomunales que se recetan los mismos funcionarios del Instituto de Formación Profesional.

Otro caso: Antes de que se hundiera en su peor crisis, los empleados de la ENEE se vanagloriaban de las negociaciones estratosféricas del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La masa laboral llegó a representar tiempo atrás la erogación de 1,500 millones de lempiras, una cantidad asfixiante para el balance financiero de la estatal eléctrica.

En el Seguro Social se dio una circunstancia muy parecida. Un reporte de la Comisión Interventora revela que en la estafada entidad, los contratos colectivos se volvieron “insostenibles” con incrementos salariales que superaban en 500 por ciento el índice inflacionario anual.

Los aumentos selectivos observaron un alza anual por encima de 16 por ciento, lo que llevó a plantear una evaluación de las cláusulas económicas del contrato colectivo y de los estatutos que hasta ahora afectaron las finanzas del Seguro Social.

En la época en la que el ex director, Mario Zelaya, y sus secuaces tenían en curso su plan para descalabrar la institución, la erogación para el cumplimiento de obligaciones salariales alcanzó cifras ente 2,000 y 3,000 millones de lempiras.

En la lista de las empresas cuyos fondos han sido sustraídos de las arcas públicaspara repartirlos con desafuero se encuentra HONDUTEL, donde consuetudinariamente los sindicalistas consumieron el 50 por ciento del presupuesto en su época de las “vacas gordas”, alrededor de 1,500 millones.

Y, en el caso de la Empresa Nacional Portuaria, el gasto promediado en sueldos y salarios superó los 700 millones de lempiras hasta hace unos años.

La politización, la contratación de activistas sectarios, la mala gestión administrativa y de operación, igual que la negociación de convenios laborales que están fuera de la realidad financiera de las empresas y que,por lo tanto, han colocado a éstas en una situación de tambaleo por el carácter desorbitado de sus disposiciones económicas y sociales.

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