Encadenados por los tobillos y las muñecas, y sin cordones en los zapatos, una larga fila de hombres y mujeres esperan en la pista mientras agentes los cachean y se aseguran de que no tienen nada escondido en la boca.

Luego, uno a uno, suben por una escalerilla a un avión alquilado. Se trata de una aeronave para deportar migrantes desde Estados Unidos manejada por ICE Air. A los ocupantes, les retiran las cadenas y les devuelven los cordones al aterrizar en El Salvador, o en el país centroamericano de destino. Unas 100.000 personas son devueltas a sus países de origen en estos vuelos cada año. 

Una oscura división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera cientos de vuelos anuales para deportar migrantes. Estos vuelos son un gran negocio: El gobierno ha gastado aproximadamente mil millones de dólares en la última década y la administración de Donald Trump se propone aumentar un 30% el presupuesto para estos vuelos. Los aviones transportan inmigrantes detenidos de una ciudad de Estados Unidos a otra y, cuando hay orden de deportación, a su país de origen.  

Si bien a los mexicanos generalmente los llevan por aire a ciudades del sur de Estados Unidos y de allí por tierra a la frontera, los centroamericanos vuelven a sus países en aviones. También hay que apuntar, que la gran cantidad de mexicanos que solían cruzar la frontera han sido reemplazados por migrantes de tres países empobrecidos de América Central: El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Según registros de la actividad aérea, los vuelos con deportados a Guatemala y Honduras han aumentado significativamente este año. La solicitud de presupuesto de ICE para vuelos chárter aumentó un 30 % el año pasado respecto al año anterior. La agencia calcula que el año pasado gastó unos 7.785 dólares por hora en los vuelos. 

ICE empezó a alquilar aviones privados hace una década después de usar por mucho tiempo aviones del gobierno. La agencia dice que el uso de aviones privados le permite ahorrar unos 25 millones de dólares al año y que le da mayor flexibilidad. 

El uso de aviones alquilados, por otro lado, evita que se envíen grandes cantidades de migrantes en vuelos comerciales, que requieren la compra de pasajes para los agentes que los acompañan o retenerlos en el país por más tiempo que el necesario ocupando espacio en los centros de detención. 

“No quiero prolongar la detención de nadie”, dijo Pat Contreras, director de la unidad de transporte de deportados del ICE en Houston. “Si un juez dice que tienes volver a tu país, debemos apresurarnos a cumplir esa orden para que la persona no pase detenida más tiempo del necesario”. 

Sin embargo, los activistas que defienden los derechos de los migrantes encuentran que los vuelos alquilados son un ejemplo de cómo las duras políticas contra la inmigración ilegal, desde la detención hasta el monitoreo de la deportación, son un negocio que enriquece a compañías privadas. 

“La forma de ahorrar dinero es deportar menos gente, no privatizando la industria”, apunta Bob Libal, director de Grassroots Leadership, una asociación que se opone a la detención de migrantes. “ICE es una agencia privatizada”, añade. “En muchos sentidos, ha sido capturada por industrias que se benefician con las deportaciones y las detenciones”. 

La agencia The Associated Press observó cómo un grupo de inmigrantes subían a un avión que se los llevaría de EE.UU. en una terminal privada del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston (Texas). El Boeing 737 no tenía cartel que indicase que transportaba a migrantes deportados. Tenía la insignia de Swift Air, una firma privada que también alquila vuelos para campañas políticas y equipos deportivos, incluidos los Boston Bruins y los Chicago Blackhawks de hóckey sobre hielo.  

En este caso, Swift Air había sido contratada por Classic Air Charters, una compañía con sede en Huntington, estado de Nueva York, que obtuvo un contrato con ICE para transportar deportados el año pasado. Classic Air cobró 51 millones de dólares de la agencia este año, según cuentas de gastos federales. El contratista anterior, CSI Aivation de Nuevo México, había percibido 906 millones de dólares de ICE desde el 2010, cuando se empezaron a utilizar aviones privados para los traslados.

Cuando el avión aterrizó en Houston, ya tenía unos 30 salvadoreños a bordo, que volaban  desde Alexandria (Luisiana), uno de los centros de operaciones del ICE. Miraban por las ventanillas mientras el aparato permanecía en la pista.  Llegaron entonces dos autobuses, con 45 hombres y cinco mujeres. Sus escasas pertenencias estaban en unas bolsas de redecillas rojas, que los trabajadores separaron en la pista.  Los agentes revisaron a cada detenido antes de que abordasen el avión, un trámite que tomó unos 20 minutos. 

De acuerdo con la agencia, 29 de las 50 personas que abordaron el aparato en Houston habían sido detenidas por cometer delitos, incluidas cuatro que eran buscadas en El Salvador por intento de asesinato o por homicidio, según indicó la agencia. Las otras 21 no eran consideradas delincuentes, lo que implica que estaban siendo deportadas por violaciones a las leyes de inmigración. Veinte de los 50 ya habían sido deportados anteriormente. 

El ICE no permitió a la AP subir al avión, pero los agentes dijeron que los vuelos son tranquilos. Se sirve una comida y hay un médico a bordo. Pero los detenidos, incluidos los que no son considerados delincuentes, permanecen encadenados hasta que aterriza el aparato. “Tratamos de ser lo más humanos que podemos con todo lo que hacemos”, aseguró Contreras. “Tratamos de que estén seguros. Queremos asegurarnos de que nadie hace nada malo”. Telemundo