Por:  J. R. Mass

La existencia de toda una trama para mantener viva la corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, han denunciado sectores ligados con diferentes niveles de administración de la institución.

Los extremos que han trascendido es que funcionarios de alta responsabilidad en la estructura de la máxima casa de estudios son parte de esa malla de deshonestidad.

Entre los señalados de promover situaciones irregulares y reparables, figura el actual auditor interno, Andrés Enrique Laínez Mejía, a quien se culpa de haber violentado diferentes normas legales de aplicación obligatoria.

Una nota firmada por los auditores y por la secretaria administrativa de la institución de educación superior y remitida a la Junta de Dirección Universitaria, reza: “La denuncia contra el señor Laínez Mejía, cuenta con los suficientes elementos de juicio para que se tome una determinación que acabe con los actos de corrupción revelados”.

Alegan los demandantes que este funcionario ha cometido faltas en el ejercicio de su cargo, por lo que no hay elementos que expliquen por qué las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

Los empleados de la oficina de Auditoría Interna de la Universidad Nacional, acusan al titular de dicha dependencia de haber entrado en conflicto de intereses, puesto que aparece entre los socios de la empresa Ciencias y Desarrollo Consultores (CIDE), dedicada a análisis y elaboración de estados financieros y formulación de proyectos, sistemas y procedimientos contables.

En enero de 2015, dicha firma suscribió un contrato de consultoría con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el objeto de desarrollar la primera etapa de los módulos del sistema financiero-administrativo de la principal casa de estudios superiores.

En mayo del mismo año 2015, la Junta de Dirección Universitaria nombró a Laínez Mejía en el cargo de auditor interno y, en marzo de 2017, aplicó para la Dirección de Contaduría de la instrucción.

En opinión de los auditores de la entidad de formación superior, el cuestionado funcionario ha violentado el Código de Conducta Ética del Servidor Público, además de que no debió ser nombrado como Director por su condición incompatible de socio de una firma privada.

Tales razones son expuestas por el cuerpo de auditores del más importante establecimiento de educación superior, quienes exigen que se ponga término a los actos ilegales y de corrupción en la Alma Máter.

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