Esta semana comienzan las extensas y siempre discordantes negociaciones entre la empresa privada y los obreros alrededor del nuevo salario mínimo.

 

Los dirigentes de los trabajadores han anunciado con suficiente antelación que su propuesta partirá de un ajuste entre el ocho y el 15 por ciento en el sueldo de subsistencia vigente en Honduras.

 

Quienes prestan su fuerza de trabajo aspiran a obtener una conquista económica de 14,000 lempiras mensuales para compensar la pérdida del 30 por ciento que resienten los obreros en su capacidad adquisitiva.

 

En rigor de verdad, este año ha sido bastante difícil, en lo que parece una etapa de recesión en la que han caído un número grueso de empresas y un período de bajas para los asalariados que corren con las consecuencias del alto costo de los alimentos y servicios, el deslizamiento de la moneda, los impuestos desbordados y el acceso cerrado a la salud y a la educación.

 

Las pláticas con vistas a establecer un nuevo salario mínimo presentan un grado de mayor polémica este año, habida cuenta las circunstancias económicas y sociales que priman en nuestro país.

 

Son principios ineludibles de estas negociaciones: Buscar el equilibrio entre los intereses del capital y las necesidades de los trabajadores, procurar la justicia y garantizar el bien general.

 

Porque de nada sirve que los obreros y el sector patronal pacten unalza en la remuneración mensual si ésta resulta pírrica,o si –en sentido opuesto- las obligaciones para la empresa privada terminen por presionar indebidamente la plataforma socio-económica del país. De lo que se trata es de encontrar el balance entre las razones de ambas partes.

 

Es preeminente avanzar en una propuesta dirigida a que el salario base sea fijado con fundamento en indicadores consensuados de inflación, capacidad de producción, potencial competitivo y crecimiento del país.

 

 

Sigue siendo una deuda sin saldar el planteamiento de cambios para la elaboración y puesta en vigor de una política salarial que concilie las demandas del capital y los reclamos del trabajo, siempre a la luz de la equidad, la justicia y una sana relación socio-económica.

 

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