Aunque han pasado un mes y dos días desde que el orteguismo secuestró todos los espacios públicos, incluidas las calles, para impedir la realización de marchas, esto no significa que el régimen de Daniel Ortega aniquiló la lucha cívica y mucho menos que ya tiene el control absoluto del país, coincidieron ayer analistas.

El 14 de octubre la Policía Orteguista (PO) se ensañó con los manifestantes y capturó a 38 personas que salieron a marchar tras una prohibición policial.

La marcha “Unidos por la libertad” – la última desde entonces- fue bloqueada por la fuerza represora del régimen Ortega-Murillo, que prohibió las manifestaciones; sin embargo, el hecho que el pueblo no haya regresado a las calles no significa que la lucha cívica no continúe, consideró el sociólogo Manuel Ortega Hegg.

El especialista considera que el gobierno se equivoca que al prohibir las manifestaciones también se acaba la lucha cívica. “Creo que hay una equivocación de parte del gobierno, pretendiendo o pensando que cerrar estos espacios (calles) cierra el espíritu de lucha de la población, porque ese espíritu se mantiene”, dijo.

La prohibición de las protestas, en vez de arrinconar a la población, la ha obligado a buscar nuevas alternativas para expresar su repudio al régimen, que va desde portar una bandera en una moto, ondear la bandera azul y blanco mientras se anda en bicicleta, pintarse los labios de rojo, hasta hacer plantones improvisados en centros comerciales o negocios privados.

“No hay que pensar que porque la gente no se ve en la calle, la situación está resuelta, yo creo que no hay normalidad ninguna, la militarización que hay actualmente en todos los espacios públicos, e incluso espacios privados, como los centros comerciales, las iglesias, etcétera, yo creo que eso no elimina de ninguna manera esa conciencia ciudadana que quiere justicia y que quiere democracia”, analizó.

Carteles, pegatinas y calcomanías con mensajes de protesta surgen en Nicaragua.

Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, expresó que actualmente se encuentran en un momento de organización, lo que no implica que la movilización esté suspendida, ya que existen algunas actividades en el territorio. También indicó que alistan varias iniciativas en torno a puntos centrales, los que implican que no haya impunidad y la excarcelación de los presos políticos.

Aunque el pueblo no esté en las calles, Solís explicó que la crisis sociopolítica que atraviesa el país no está resuelta y mucho menos se encontrará una solución con la represión que permanece.

El régimen ha asesinado a más de quinientos nicaragüenses, secuestrado a cientos de personas, herido a más de cuatro mil y obligado al exilio a más de cuarenta mil que exigen su salida del poder.

“Ellos (el régimen) no han ganado nada, no hay ningún reconocimiento hacia ellos. Ellos continúan trabajando buscando cómo querer volver a una situación que ya no es posible volver, y que la única posibilidad de salir de esta situación es con un cambio muy radical”, expresó.

Con Ortega y Solís concuerda la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, al considerar que aunque no se han realizado marchas, la población no se ha desmovilizado. La PO las puede contener, pero el “gobierno” sabe que mantener a las fuerzas policiales bajo ese ritmo las va a agotar rápidamente.

De hecho, a finales de octubre en una entrevista con el diario La Stampa, de Roma, Italia, el cardenal Leopoldo Brenes admitió que Nicaragua vivía una normalidad aparente y que la decisión del gobierno de sacar a las fuerzas policiales para tomarse las rotondas era porque existe el temor de que las revueltas regresen a las calles.

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“Es una calma aparente. Todos están convencidos de eso, hasta el gobierno y sus bases militantes, que patrullan las rotondas y las plazas para que no vuelvan a convertirse en enclaves de nuevas protestas populares. El río de la revuelta puede volver a la superficie, la opinión más difundida es que el volcán, tarde o temprano, volverá a escupir lava incandescente”, advirtió.

La PO se ha encargado de reprimir con bombas cualquier intento de expresión cívica en contra del régimen. Tan solo un día después que esta publicara un comunicado en el que calificaba a las protestas sociales como ilegales y además amenazaba con procesar a quienes las convocara, arremetió contra un grupo de ciudadanos que ejercía su derecho a la protesta, el pasado 29 de septiembre.

En esa ocasión, un fuerte contingente de centenares de policías acorralaron a la población que corrió hacia el barrio El Riguero, para refugiarse en las casas. La Prensa

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