Hubiese pasado inadvertido el informe que rindió la Comisión para la Transformación del Sector Salud, si los notables que la integran no hubieran propuesto la separación del ministro Octavio Sánchez.

 

Este hecho toma relevancia, porque el cuestionado funcionario es parte del grupo de alto nivel que fue conformado por el Poder Ejecutivo para realizar un diagnóstico del aparato sanitario estatal y encontrar una salida a su estado crítico.

 

Sus pares en el desarrollo de tal misión han sido contundentes. Han dicho que no tienen confianza en el doctor Sánchez y le han señalado de no haber prestado su concurso diligente en la búsqueda de respuestas a la calamitosa situación de la salud estatal.

 

Está demás decir que estas diferencias no abonan en nada al propósito de llevar a cabo una transformación de la moribunda red hospitalaria y asistencial de nuestro país.

 

Porque este diagnóstico condena a muerte a la población mayoritaria que no encuentra medicamentos ni insumos, no consigue una cita médica con oportunidad; tampoco halla cupo para una eventual intervención quirúrgica y, de remate, se le obliga a financiar estudios y exámenes especiales.

 

El Gobierno se encuentra en la encrucijada. Está llamado a considerar un planteamiento emanado de la misma comisión nombrada para devolverle los signos de vida al sistema sanitario. Es evidente que sus miembros entraron en incomodidad con el psiquiatra, titular de la cartera ministerial de Salud.

 

A decir verdad el titular de la cartera de Salud no tiene las mejores calificaciones de eficiencia en su desempeño. Ha sido un ermitaño, lento en sus reacciones y con muestras de desconocer el funcionamiento de la estructura sanitaria, lo que responde al porqué la crisis en el sector se mantiene, si no es que ha empeorado.

 

Y si no existe unanimidad en el compromiso de los comisionados, ni de las autoridades de Salud, ni de los gremios de ciencias médicas con el pueblo enfermo que no goza de una atención digna en el sistema asistencial público, entonces no hay esperanzas de revertir la crisis.

 

Todo el discurso relacionado con la transformación de la salud quedaría convertido en una mentira más si no se toman las medidas radicales que urgen, no importa si se trata de rodar cabezas o de cortar el cordón umbilical de las mafias que han medrado en el sector.

 

En el centro de la política sanitaria debería estar el derecho del pueblo a servicios de salud eficientes, justos y pertinentes. Es un deber del Estado que no ha sido honrado y que -nunca como ahora- había sido tan violentado.

 

Lo que menos importa es que se levanten más diagnósticos e informes sobre una realidad que conocemos de sobra en torno a la desgracia de nuestro aparato sanitario.

 

No es hora de discursos demagógicos, ni de promesas populistas; tampoco de acciones retardadas que no concluyen en nada porque son “más de lo mismo”.

 

 

 

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