Unos 300 hondureños emigran cada 24 horas hacia Los Estados Unidos, lo que se traduce en un flujo entre cien mil y 110 mil compatriotas cada año.

La cifra cobra sentido, con motivo de las caravanas de emigrantes que han salido: Una desde San Pedro Sula, Cortés, y otra desde la región sur.

De acuerdo con el testimonio de las personas que se han unido a la peligrosa movilización, su finalidad es alcanzar el llamado “sueño americano”, pues -según afirman- en Honduras no hay empleo ni opciones para salir adelante.

El Programa de Apoyo al Migrante Retornado de la Comisión de Acción Social Menonita, más hondureños están en proceso de organización para salir del país, aunque muchos de los nacionales que llegaron hasta Guatemala son retornados desde ayer por los puestos de control migratorio.

Sectores ligados con la oposición; entre políticos -e incluso líderes religiosos- afirman que el desplazamiento de emigrantes es el resultado de la desesperación personal y colectiva de los hondureños, afectados por la violencia, el empobrecimiento y la ausencia de oportunidades.

Los analistas de los fenómenos sociales, consideran -de su lado- que el país está frente al apremio de un reordenamiento encaminado a dar respuesta a las demandas de la población excluida.

El Gobierno responsabiliza a ciertos sectores ideologizados de mover los hilos de un movimiento para desestabilizar al país y poner en riesgo la vida de los “caminantes”, a quienes les han prometido llevarlos a Estados Unidos bajo falsas promesas.

Entendidos en relaciones internacionales, han tildado la amenaza del régimen Trump como un “contrasentido”, ya que -en la medida en que la ayuda sea recortada- las condiciones de pobreza serán más graves, no sólo en Honduras, sino en Guatemala y El Salvador, los otros dos países que componen el Triángulo Norte.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, divulgó un comunicado en el que fija su posición de defensa de los derechos elementales de los compatriotas que se han separado del territorio patrio.

En una declaración oficial, el ombudsman exhorta a no vulnerar los derechos ni las libertades de las personas; tampoco violentar las garantías de los emigrantes, a la vez que confirma la activación de los protocolos de la red de defensores del pueblo a nivel del área.

La respuesta al fenómeno de la emigración irregular depende de la creación de oportunidades para todos. Honduras enfrente los mayores retos en esa materia, en comparación con el resto de naciones del Triángulo Norte de Centroamérica.