Fue el mismo ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, quien se encargó de revelar que no es precisa la imputación contra la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo.

En su condición de tal devolvió cinco millones de lempiras a la cuenta de la gestión que tomó el relevo gubernamental y los restantes siete millones de lempiras fueron utilizados para ejecutar varios proyectos.

Estas dos cifras suman los 12 millones que, según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UCEFIC), y del Consejo Nacional Anticorrupción, fueron retirados por la señora de Lobo de una institución bancaria y luego depositados en una cuenta propia.

El ex titular del Poder Ejecutivo, justificó que su cónyuge utilizó su cuenta personal para la gestión de fondos que eran aprobados para iniciativas de proyección social, en razón de que en la estructura del Gobierno no está contemplada la figura de la Primera Dama con responsabilidades formales, sino con funciones honoríficas.

De acuerdo con los hallazgos del proceso investigativo, la señora de Lobo conformó una red de corrupción que comenzó a mover sus hilos desde 2011.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, ha denominado este expediente “Caja Chica de la Dama”, porque se trata de un monto millonario que fue manejado mediante un enredado procedimiento de “blanqueo” que estuvo en funcionamiento desde 2011.

Se sabe que más de 70 cheques fueron emitidos a nombre de nueve personas que se encargaron de cambiarlos en las entidades bancarias y luego reciclarlos.

Estos nueve personajes están en la mira de los entes de acusación y de investigación, según lo que ha trascendido a través de La Voz de Honduras.

A la ex Primera Dama se le señala de haber inflado por casi siete millones de lempiras el valor de uniformes y zapatos que durante su desempeño eran entregados a los niños de escasos recursos.

También está documentada una transferencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la Secretaría de Finanzas por 150 millones de lempiras, que habían sido gestionados mediante un convenio entre el Estado de Honduras y un Gobierno extranjero.

Este dinero fue trasladado al Poder Ejecutivo y administrado por el Despacho de la señora de Lobo, sólo tres meses antes de que el ex gobernante entregara el poder.

Diversos sectores coinciden en que este caso, así como otros episodios de corrupción deben ser esclarecidos e identificados sus protagonistas, con el fin de avanzar rápidamente en el combate de la impunidad en Honduras.

 

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