Están condenados a morir los hondureños que no tienen capacidad para asistir a hospitales o centros de salud privados.

Por falta de medicamentos y de insumos, las cirugías selectivas han sido suspendidas en el Hospital Escuela, el principal complejo estatal del país, cuya mora es de dos mil intervenciones quirúrgicas.

Como si no fuera suficiente, no hay disponibilidad de jeringas, ni guantes; tampoco catéteres ni jabón antiséptico, elementos éstos que son de necesidad elemental. Asumiríamos entonces, que su escasez o vacío es inconcebible.

Es una situación calamitosa y generalizada, pues no se trata de una vivencia propia del principal complejo hospitalario del país, sino de una desdicha reflejada en los hospitales de Choluteca, La Paz, Comayagua y Cortés, para hacer referencia de unos cuantos expedientes.

Ha hecho crisis nuestro sistema asistencial. Si bien esto no es de nueva data; más bien, es un mal crónico, ello no exime a las autoridades en funciones que no han sido capaces de dar respuesta al estado de alarmante descompensación que sufre el sector salud público.

La situación es del entero conocimiento de la Comisión Interventora nombrada recientemente, cuyos integrantes tampoco han planteado soluciones a un problema que es de “vida o muerte” para los compatriotas que no tienen dinero para ser evaluados en la esfera privada.

No es minúscula la sospecha de que la crisis en curso es fabricada para darle fundamento al traspaso de servicios vitales de salud al control privado.

Es imperioso determinar si este extremo tiene fundamentos ciertos, sin dejar de atender los reclamos de quienes piden justicia, un trato digno y acceso a los servicios de salud, porque es un derecho humano e irrenunciable, cuya tutela es un primer deber del Estado.

El sistema público de salud agoniza. La calamidad va en progreso y, con ello, los hondureños enfermos no tienen más alternativa que esperar la muerte con paciencia y con dolor.

 

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