La estrategia para el manejo de los ingresos de la Administración Pública pactada para el período entre 2019 y 2022, propone mantener el índice de presión fiscal en un 18 por ciento.

En este marco, se espera que los ingresos tributarios alcancen el 17.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y los no tributarios se sitúen en 0.9 por ciento.

Igualmente se ha proyectado llevar las recaudaciones del Impuesto sobre la Renta a 5.5 por ciento del PIB, y el aplicado a las Ventas alcanzaría 7.2 por ciento.

En el tiempo comprendido entre 2019 y 2021, la recaudación de impuestos se incrementará en diez por ciento anual, lo que significa una subida de 20 mil millones de lempiras. Los ingresos para el fisco pasarían de 114 mil millones a más de 133 mil millones.

Los gastos corrientes de la Administración Central también experimentarán un considerable incremento en el mismo período. Entre 2019 y 2021, los gastos por consumo irán desde 66 mil a 80 mil millones de lempiras.

El pago de sueldos y salarios se habrán disparado desde 52 mil millones hasta llegar a los 62 mil millones de lempiras, según lo detalla un informe de proyecciones de la Secretaría de Finanzas.

El Fondo Monetario Internacional ha resaltado el aumento significativo en la recaudación tributaria, al margen de las dificultades para hacerle frente a dos desafíos cruciales de Honduras: La reducción de la pobreza y la falta de empleo.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), concluye que es notorio el mejoramiento de los niveles de recaudación, pero el sacrificio es muy alto y sus efectos han ido en menoscabo de la equidad y de la justicia.

En Honduras es evidente la inequidad tributaria. Los que menos tienen son los que más pagan en relación con sus ingresos, subrayan los informes del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH).

Organismos de la sociedad civil y un sector grueso de la empresa privada y de industria, urgen la implantación de una política tributaria competitiva.

Para llegar a dicho estadio son indispensables las siguientes condiciones: Una evaluación de las exoneraciones y su impacto fiscal, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la simplificación administrativa y la reducción del gasto corriente.

 

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