No es justo ni digno que los hondureños enfermos se vean obligados a mendigar el derecho a la salud que les asiste, que es consustancial con su condición y que está consagrado en la Ley Primaria.

 

En nuestro país así ocurre. Hace unos cuantos días, escuchamos el clamor de un grupo de pacientes renales a quienes se les había privado del procedimiento de diálisis, debido a una millonaria deuda que el Gobierno mantiene con la empresa que provee dicho servicio.

 

Es inexcusable que los compatriotas que no pueden financiar un tratamiento privado de salud tengan que pedirlo, a grito desgarrador, en el sector público, porque es una obligación del Estado.

 

Es imperdonable que se ponga en riesgo la vida de los enfermos, como ha sucedido la semana que recién concluyó con el grupo de personas que sufren insuficiencia renal.

 

Patética es, igualmente, la condición de aquellos hondureños que hacen acto de presencia en los hospitales y en los centros de salud en busca de tratamiento para sus enfermedades crónicas, que generalmente tienen que ver con la diabetes y la hipertensión.

 

Las citas con los especialistas son demoradas, no hay existencia de medicamentos y si, por desgracia, su padecimiento se complica, el sistema público de salud no tiene capacidad de una respuesta pronta.

 

Una Comisión Especial para la Transformación de la Salud ha sido integrada por el Poder Ejecutivo, una de tantas que se han puesto en funciones para suministrarle oxígeno al moribundo sistema sanitario del Estado.

 

Nos preguntamos por qué se ha dado un paso coyuntural frente a una situación de calamidad que es estructural. Sabemos que el sector salud vive una crisis permanente, además de que se volvió un nido de corrupción desde hace mucho tiempo.

 

No basta con nombrar comisiones para provocar reuniones interminables y promover la elaboración de más análisis que terminan archivados.

 

La condición del sistema de salud es dramática y, en consecuencia, necesita pasar a una intervención urgente. Aferrarnos a un lánguido esfuerzo por transformar nuestro aparato asistencial por obra de comisiones no es suficiente.

 

Es un engaño si no se garantiza a la numerosa población enferma de Honduras una atención digna, justa y solidaria, tal y como corresponde a un derecho humano irrenunciable.

 

 

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