Desde el 2016, en Honduras 775 niñas en edades comprendidas entre 10 y 14 años obtuvieron el título de madres antes que adquirir el de primaria o secundaria, según las estadísticas mostradas por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Independientemente de las circunstancias que provocaron un embarazo en una niña, la responsabilidad a la que se enfrenta genera una carga emocional.

Sin embargo, todos estos embarazos no deseados, el Estado de Honduras podría evitarlos al despenalizar la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) o Plan B, como es conocida comúnmente, para cuando una niña o mujer la requiera después de haber sido víctima de una violación sexual, o incluyendo la materia de educación sexual en el sistema de educativo nacional, según organizaciones defesoras de los derechos de la mujer.

Después del Golpe de Estado propiciado en el país en el 2009, por medio de un acuerdo ministerial se prohibió la promoción, el uso, venta y compra relacionada con la PAE.

“La Organización Mundial para la Salud (OMS), en su paquete de 60 medicamentos esenciales, incluye la PAE como un medicamento esencial y Honduras hace caso omiso a eso”, expresó a Presencia Universitaria Ericka García, integrante del Grupo Estratégico por la legalización de las PAE del CDM.

La PAE podría ser para estas niñas esa segunda oportunidad para continuar su vida, desarrollarse, estudiar, jugar y realizar todo de acuerdo a su edad, pero en la vida real, y especialmente en Honduras, no es así.

“Una tan sola firma del Ministerio de Salud puede cambiar la vida de muchas mujeres que han sido víctimas de una violación”, señaló García.

Por lo anterior y desde hace varios años trabajan diversas organizaciones para revertir estas cifras y lograr la despenalización de la pastilla y este año se inició un movimiento denominado “Yo no quiero ser violada”, que se volvió viral.

 

 

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