La fiscalía brasileña pidió que se investigue al juez de apelaciones que causó un embrollo judicial el fin de semana al ordenar sin éxito la liberación del expresidente Luíz Inácio Lula da Silva, en un acto que podría ser considerado un crimen de “prevaricación”.

La fiscal general, Raquel Dodge, pidió la apertura de la investigación al Superior Tribunal de Justicia (STJ) asegurando que se trató de un “episodio atípico e inesperado que produjo efectos nocivos sobre la credibilidad de la justicia” brasileña.

Dodge aseguró que “hay evidencias”, incluso, de que el juez Rogerio Favreto, que estaba de guardia cuando tomó la decisión, “actuó motivado por sentimientos e intereses personales”, según un comunicado de la procuraduría.

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