El nombramiento de los cargos de jerarquía en el Ministerio Público, generó toda suerte de especulaciones y dio lugar a enredadas componendas dirigidas a alcanzar la mayoría calificada para ungir a las cabezas de la institución acusadora.

Una vez más, un sector de políticos nos mostraron que sus juegos siempre son una amenaza o una sombra para los procesos de elección de cargos que son cruciales en el fortalecimiento de la institucionalidad.

Encima de todo, se ha alcanzado la mayoría calificada que ha permitido la extensión del trabajo del fiscal general, Oscar Chinchilla, quien -en su segundo período- estará acompañado por el adjunto Daniel Sibrián.

En dirección contraria a lo que ha ocurrido en oportunidades precedentes, organismos de la sociedad civil y frentes políticos tejieron un consenso alrededor de Chinchilla, pese a que no formaba parte de la lista de postulados enviada a la Cámara Legislativa. Esto ha sido la nota distintiva del proceso.

Sectores representativos afianzaron su criterio respecto a la conveniencia de emprender una segunda ofensiva más determinante para abatir las estructuras de corruptos y criminales, de la mano del fiscal ratificado en su cargo.

En todo este tramo, se dejaron escuchar voces que propugnaban por la escogencia de los mejores y con mayores créditos para ejercer la titularidad de la acción penal. En este contexto, fueron objetados algunos de los nominados a la fiscalía general y la fiscalía adjunta.

Mayores han sido los intereses echados por los políticos. Ya se habían dado señales de las propuestas del sector oficialista y de sus aliados, en contraposición con los hilos movidos por el sector de Libertad y Refundación e Innovación y Unidad (PINU), en el ánimo de incidir en el nombramiento de la cúpula de la Fiscalía.

Hemos de rescatar que las determinaciones tomadas por mayoría calificada en la Cámara Legislativa, responde a un expreso reconocimiento a los frutos dados en la gestión del Ministerio Público en los últimos cinco años.

Es, también, una demanda de los hondureños dirigida a efectuar una reingeniería en el interior del Ministerio Publico, poner en aplicación nuevas herramientas de lucha y apretar tuercas en la batalla contra la corrupción y la impunidad.

Se ha alcanzado mucho en términos de hacerle frente a estos flagelos. Justo en este punto de inflexión es que los hondureños precisamos de formar un bloque para no permitir que sea boicoteada la lucha contra los corruptos y criminales.

Los políticos deben dar muestras de honestidad y de verdadera voluntad para desenmascarar a los malhechores, a los inescrupulosos, a los deshonestos y a los peones de los criminales.

En este segundo capítulo en la misión encomendada a Chinchilla y el primero para su subalterno, Daniel Sibrían, deben ser privilegiados los intereses de los hondureños y no las maléficas acciones de los alférez de las redes delictivas que pretenden socavar nuestra institucionalidad.

En esencia es importante que se dé continuidad y que se provea de nuevas armas la batalla contra la corrupción y las organizaciones del crimen, porque cualquier paso en falso puede significar más victorias para las células de la podredumbre.

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