La de nunca acabar la hemos tenido dentro de los centros de internamiento para los menores infractores.

Dichos reclusorios han estado y siguen controlados por los miembros de asociaciones ilícitas. Los organismos estatales que tienen bajo su responsabilidad abordar e intervenir la problemática de los niños y adolescentes perdieron toda gobernabilidad.

Ahí, en estos recintos, los menores señalados de infringir las leyes conviven a la deriva, perfeccionan su mente díscola y construyen su destino en el umbral del salvajismo.

Las instituciones obligadas se desmarcaron de su ámbito de acción y han preferido cederles el espacio de la gestión a organismos no gubernamentales, siempre a la caza de banderas de defensa de los menores por intereses más mezquinos y oportunistas que legítimos.

Las leyes vigentes son demasiado complacientes. Sabemos que los menores no pueden ser catalogados como delincuentes, sino que su condición es de infractores, sin importar que a cuestas tengan todo un expediente criminal.

Concordamos en que es hora de llegar a una acción definitiva y dejar de abordar este dilema sin paños tibios; con menos hipocresía política y sin baños de populismo

Es pasmosa la indiferencia con que es observada la realidad de los menores involucrados en muertes violentas, extorsión, tráfico de drogas y posesión de armas. Está en el limbo la posibilidad de construir una política de readaptación de los niños y adolescentes infractores.

El juicio es éste: Se trata de un mal epidémicopara el cual no se avizora compromiso alguno de parte de los actores obligados para intervenir en la tragedia de los menores que poco a poco se han ido transformando en monstruos dentro de los mismos centros de rehabilitación.

La tarea que no ha podido ser completada es la que consiste en examinar la situación general de todos los centros de detención de menores, porque es inconcebible que en su seno se haya implantado la falta de gobierno y que todo sea un “absoluto desastre”.

Urge buscar una solución a la crisis permanente que se vive en el interior de los centros de privación de libertad de adolescentes infractores de la ley.

Las correccionales hondureñas tienen los mismos problemas de todo el sistema penitenciario del país. Y para enmendar esta catástrofe, no basta con la edificación de nuevos inmuebles que alberguen a los menores infractores.

Es perentorio allanar el camino hacia una administración honesta del sistema de rehabilitación de menores, conjugada con una lectura racional de las leyes. Si no ocurre así, los centros de detención de infractores seguirán siendo escuelas con las garras clavadas del crimen.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here