La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH) presentan cuarto Caso de Investigación Penal Integrada denominado como “ La Caja de Pandora”. El requerimiento fiscal  fue presentado este día ante la Corte Suprema de Justicia,  es contra 38 imputados entre diputados, funcionarios públicos y personas particulares.

Se trata de Jacobo José Regalado, Norma Keffy Montes, William Chong Wong, Belkys Rosibel Hernández, Fernando Josué Suárez, Jaime Antonio Suárez , Alba Luz Ramírez Hernández, Sixto Pineda Hernández.

Ademas de Elvin Ernesto Santos, Ernesto Galeas Martín, Jorge Alberto Izaguirre, Jean Fancois Marie de Peyrecave, Dalia Esmeralda Palma, Josué Francisco Velásquez, José Luis Flamenco, Laura Aidé Arita.

AsimismoJosé Celín Dicua, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vázquez, Franklin Erick Roruño y Elvin Ernesto Santos Ordoñez

Y es que luego de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP).

Así como de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP-MP), presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra TREINTA Y OCHO (38) IMPUTADOS entre DIPUTADOS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONAS PARTICULARES, por los presuntos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACIÓN DE FONDOS, LAVADO DE ACTIVOS, FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.

Los hechos fueron denunciados por PIETRO DIBATTISTA, inversionista italiano y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, Honduras, ante noticias propaladas en medios de comunicación radial y digital, referidas a la utilización indebida de la FUNDACIÓN DIBATTISTA, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la Auditoria Especial realizada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, practicada a
la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG).

La MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC  para ser investigado por un equipo integrado de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos  agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colon, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de
282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares).

Dichos fondos provenían de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la  Secretaria de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos
Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para desarrollar dichos
proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de
candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente
Amplio (FAPER) y directamente a las arcas del Partido Liberal (PL), siendo los
principales hallazgos:

  1. Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”.
    2. Entrega de fondos a coordinadores de campaña del Partido Nacional.
    3. Recursos que se habrían utilizado el día E (elecciones del 24 de noviembre de
    2013).
    4. Compra de dos oficinas en el Edificio Metrópolis.
    5. Pago de préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
    (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.
    La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público
    (UFECIC-MP), ante la gravedad de los hechos investigados ha solicitado a la Corte
    Suprema de Justicia, las órdenes de captura de los imputados y aseguramiento de
    bienes.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para
seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en
estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero
de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaria General de la
OEA.

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