Treinta y ocho diputados, alcaldes, regidores y funcionarios de otra escala, además de particulares están metidos en la “Caja de Pandora” por la apropiación de más de 282 millones de lempiras.

Así se ha bautizado el expediente que fue revelado en las últimas horas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), y su ente de apoyo, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

El trabajo de seguimiento arrojó como resultado que los fondos desviados fueron tomados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En su mayoría habrían sido utilizados para la distribución de la tarjeta “Cachureca” y para la entrega de recursos a los coordinadores de la campaña política de 2013.

Otra parte, exactamente 99 millones de lempiras, se destinó para el pago de obligaciones financieras del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, según lo establecido por la MACCIH-UFECIC.

Un porcentaje adicional de tales fondos mal versados fue a parar a cuentas particulares de nominados a cargos públicos por el Partido Frente Amplio (FAPER).

El ex candidato liberal, Luis Zelaya, dijo que no tiene detalles de la investigación, pero aclaró que él no ocupaba cargo directivo en la institución partidaria durante el período que se presume fue cometido el desvío de dinero.

En un comunicado, las autoridades del Partido Nacional rechazaron cualquier acto de corrupción, manifestaron su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de “La Caja de Pandora” y solicitaron el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Luego de unir los cabos de este caso complejo se conoció que, para concretar los hechos de corrupción, fueron utilizadas las fundaciones “Todos somos Honduras” y “Dibattista”.

Los implicados enfrentan una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos públicos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos en perjuicio de la administración pública, la fe y la economía del Estado de Honduras.

El requerimiento fiscal para los señalados pide la emisión de medidas cautelares que consisten en la ejecución de órdenes de captura y aseguramiento de bienes.

Entre los convenios que fueron afectados por el caso denominado “La Caja de Pandora” destacan: “Acceso de Oportunidades para Jóvenes Rurales”, “Programa de Capacitación de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales a Favor de Madres Jóvenes”, “Mejoramiento en la Capacidad para la Siembra de Granos Básicos” y “Desarrollando la Competitividad”.

La MACCIH-UFECIC habían destapado en enero de 2018 el caso conocido como “Pacto de Impunidad” que vincula a un grupo de legisladores que manejaron fondos de respaldo social.

Como se recuerda, el escándalo estalló cuando se puso al descubierto la introducción de una reforma a la Ley del Presupuesto de la República que cambió el esquema de auditoría de recursos estatales y le restó potestades penales a la Fiscalía.

En aquel momento, el renunciante vocero de la misión de la OEA, Juan Jiménez Mayor, puso sobre la palestra el peligro de que se echaran por la borda los avances en la lucha contra la corrupción, mediante la colocación de zancadillas a casos en curso de investigación.

¿Es posible abrir la Caja de Pandora para dejar que escapen todos los males y conservar la esperanza de una batalla realmente frontal contra la corrupción y la impunidad?

 

 

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