El conflicto en el sector del transporte en todos sus rubros, es el resultado de irregularidades acumuladas que no han podido ser resueltas por las autoridades competentes en distintas gestiones.

Las demandas de ajuste tarifario hicieron estallido de nuevo, pero hay que añadir dos situaciones que contaminan dicha actividad de manera honda: La circulación ilegal de las unidades y la emisión irregular de permisos de explotación.

Estos dos temas han generado mayor conflictividad en el sector; sin embargo, no han sido abordados con pertinencia por los funcionarios que han tenido bajo su manejo dicha materia; tampoco por las actuales autoridades del Instituto del Transporte Terrestre.

En la capital, con uno de los parques vehiculares más extensos, los vicios que siempre han dominado la actividad del transporte son la duplicidad en la adjudicación y traspaso incontrolado de números, así como la entrega de certificados de operación ilegales.

Estas anormalidades también han sido detectadas en otras ciudades, como es el caso de Choluteca, en el departamento del mismo nombre; en los municipios más importantes de Comayagua y en La Ceiba, Atlántida.

Un censo divulgado en el primer trimestre del año pasado, arrojó como resultado que unas 1,600 unidades circulaban en ese momento con documentación irregular; el 60 por ciento de tales, en el Distrito Central.

Pero los transportistas calculan que, solamente en la capital prestan su servicio al margen de la ley entre cuatro mil y cinco mil taxis, además de 1,500 buses amarillos y rapiditos.

En 2017, los dueños y los operadores de los taxis y de los autobuses ejecutivos intensificaron su protesta por la falta de renovación del permiso de circulación y explotación, así como en la entrega de placas de alquiler.

Según la dirigencia del rubro este tipo de obstáculos que no han sido resueltos, acarrean un retraso en la renovación de los documentos y un incentivo para que otros vehículos operen de manera ilegal.

El desorden se convirtió en un común denominador entre las moto-taxis. La ley de la selva tomó poder en esta modalidad de transporte. Los datos de hace un par de años revelan que unas 15,000 unidades se desplazan ilegalmente.

La regularización del servicio en todos sus rubros ha sido una misión imposible para los señores del Instituto de Transporte Terrestre y para sus antecesores.

Con motivo de la instalación de una mesa técnica en la que son analizadas las variables de una fórmula para el cálculo de la tarifa, resulta oportuno que sea debatido también el problema crónico de la circulación ilegal y la extensión irregular de permisos de explotación.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here