Los transportistas han ido a la carga con el mismo expediente del que echan mano para satisfacer sus ambiciones.

Este lunes está programada una reunión en la cual los inversionistas del rubro expondrán su demanda de ajuste en la estructura de tarifas del servicio público, sustentada en una fórmula que esté apegada a sus variables, principalmente el costo de los combustibles.

Las groseras pretensiones de los transportistas apuntan a un alza en el pasaje del taxi colectivo de 13 a 18 lempiras, de 11 a 15 lempiras en los buses ejecutivos, mientras los usuarios de las moto-taxis desembolsarían 12 lempiras en vez de 10 lempiras como en la actualidad.

La tarifa del bus amarillo se incrementaría de cuatro a 10 lempiras con 70 centavos y el pasaje para las rutas interurbanas tendría una alteración del 40 por ciento.

El valor de los carburantes tiende a estabilizarse y, en el corto plazo, se prevé que la relativa caída en la cotización internacional del crudo se refleje en un alivio en la comercialización de los energéticos en el mercado doméstico.

Ello dejaría desarmados a los transportistas en los argumentosen los que se escudan para explicar que no pueden sostener los costos de operación de su actividad.

Tampoco hay que hacer omisión de la cuota de culpa que cae sobre el Instituto de Transporte Terrestre, cuyas autoridades se han encerrado en su propia opinión y no han tenido las luces suficientes para encontrarle una salida al caos que ha primado en el sector y que, en su gestión, se ha profundizado en sumo grado.

Para muestra un botón: El movimiento de presión impulsado por un sector del transporte de carga que podría desembocar en cuantiosas pérdidas para la economía nacional si no es solventado definitivamente y no de manera temporal o fragmentada.

Es hora de ordenar el rubro del transporte, de imponer la legalidad, valorar los derechos que corresponden a los inversionistas y –ante todo- privilegiar los intereses de la población.

Al final, serán los usuarios -que son la mayoría- quienes recibirían el golpe más fuerte por un servicio que no reúne las cualidades de eficiencia ni de seguridad.

Ya bastante tienen los hondureños con todos los reveses que han sufrido a raíz de la escalada en el valor de los energéticos, una tendencia que ha disparado el costo de los productos de consumo primario y los servicios.

Se da por sentado que la tarifa de energía eléctrica será revisada hacia arriba para el próximo trimestre y, encima, la devaluación del lempira ejerce una presión importante sobre la economía de la población.

Una cruz más: Los salarios estancados son una condición que aprieta sobremanera a los grandes cinturones de población que sobreviven con ingresos insuficientes y cuyo acceso a los servicios básicos es calamitoso.

Los porcentajes en que es fijado el salario mínimo son absorbidos por el alto costo de vida. Ahí está el desafío de quienes tienen las riendas del país, en buscar el peso medio entre las finanzas, las demandas de los sectores económicos y la justicia que reclaman los postergados, hoy día en zozobra ante la amenaza de los transportistas de asestar otro golpe.

 

 

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