La amnistía aprobada para el pago de los saldos acumulados de tres años hacia atrás por el consumo de energía eléctrica lleva a plantear muchas dudas acerca de sus ribetes políticos o de su sentido de justicia social.

El balance arroja este resultado, amén de que el decreto permitirá suscribir planes de financiamiento de la deuda sin intereses, tasa ni recargos.

Un primer cuestionamiento es que el decreto fue aprobado desde enero de este año, hace cinco meses, pero no es hasta ahora que se hace público y entra en aplicación. Un segundo emplazamiento está referido a que el beneficio está condicionado a la aportación primaria de un porcentaje que no está al alcance de la mayoría de los morosos.

Los funcionarios de la estatal eléctrica han afirmado que cien mil familias resultarán favorecidas con la vigencia de la disposición legal que exime de intereses, multas y otros cargos a los clientes deudores de la ENEE.

Han salido a conocimiento datos que es oportuno revisar: Cuatrocientos veinticinco mil morosos tienen cuentas pendientes por más de 10,000 millones de lempiras.

Un informe consolidado revela que, de esa partida en mora, la mitad; esto es, cinco mil millones de lempiras, corresponden al sector industrial.

Significa que los grandes deudores de la ENEE no son los abonados de la categoría residencial, sino los del rango comercial e industrial, de quienes asumiríamos, tienen mayor solvencia económica.

Como suele ocurrir en un entorno donde prevalece la desigualdad social y el desequilibrio fiscal como el nuestro, el sacrificio es una cuota que le toca a la mayoría de la población que también es la que sostiene el aparato tributario, mediante el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco.

La medida de otorgar una amnistía es legítima y hace justicia a los pobladores que son quienes han pagado los desafueros del sector energético, particularmente los derivados de la firma de leoninos contratos con generadores de potencia.

Pese a que en los últimos años se han realizado intervenciones para la recuperación de las pérdidas de la entidad, los usuarios resienten la ineficacia con que son manejados los rubros de la medición, facturación y distribución del servicio.

Los cobros son abusivos, sellados por irregularidades que están pendientes de ser saneadas como la doble facturación y el cálculo del consumo promediado.

El servicio está lejos de alcanzar los niveles esperados de eficiencia, sin contar con el hecho que las revisiones trimestrales a cargo de la parasitaria Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), causan zozobra entre los abonados.

La amnistía debería de ser un paso en la formulación de un programa de justicia en la prestación del servicio de energía eléctrica, y un elemento de la estrategia general de equidad social y equilibrio económico-fiscal.

¡Que no sea populismo!

 

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